El Consejo Superior resolvió aplicar la Ordenanza 194 en el caso del alumno condenado

El cuerpo colegiado votó por unanimidad que el estudiante sea encuadrado en la normativa de Educación en Contextos de Encierro y no asista más al Campus Universitario. La Universidad deberá articular con el CPE y el ministerio de Gobierno para asegurar el derecho a la educación a personas privadas de su libertad.

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral resolvió anoche por unanimidad que se debe aplicar la Ordenanza 194, que establece la reglamentación para la Educación en Contextos de Encierro, en el caso del estudiante de la Unidad Académica Río Gallegos que cumple condena por abuso sexual.

El órgano de Gobierno, que sesionó en Río Gallegos, encomendó a la UARG que lleve adelante las tareas de acompañamiento pedagógico al alumno en el lugar en el que cumple su condena, a los fines de permitirle la culminación de las actividades académicas programadas para el presente cuatrimestre.

Asimismo, se dejó establecido expresamente que el alumno no podrá asistir en adelante a la sede académica.

La decisión se adoptó en función del tratamiento del expediente que tramita en la universidad y considerando distintas notas presentadas por la Comisión Asesora en Cuestiones de Género de la universidad, ADIUNPA, el Frente Multicolor, y distintas organizaciones, como el Colectivo de Género de la UARG, la ONG PAYCAN, Las Rojas y Juntas y a la Izquierda.

En Plenario, el Consejo Superior aprobó un despacho de comisión – que incluyó las recomendaciones efectuadas por la Comisión Permanente de Reglamentaciones- que en el inicio de su articulado sostiene que “la Ordenanza 194 del Consejo Superior y los demás dispositivos de coordinación interinstitucional suscriptos por la universidad se adecuan a las prescripciones de la Ley 24660 y la Ley 26695 para asegurar el derecho a la educación a todas las personas privadas de la libertad”.

La Resolución también repara en la necesidad de “demandar a las autoridades Educativas, de seguridad y penitenciarias de la provincia de Santa Cruz la implementación de las disposiciones de la ley para asegurar el ejercicio del derecho a la educación a las personas privadas de la libertad, requiriendo la atención de los recursos y acciones que les resulten impuestos por la ley”.

En tal sentido, encomienda al Rector de la universidad “la implementación de mecanismos de coordinación efectiva y especializada entre el Consejo Provincial de Educación, el Ministerio de Gobierno y el Sistema Penitenciario” y exige la definición de “un Sistema de Información público, confiable, accesible y actual sobre la demanda y oferta educativa, los espacios y los programas de estudio existentes sobre la base de lo establecido en la Ordenanza 194”.

En adelante, las Unidades Académicas de la UNPA deberán informar en el mes de octubre de cada año la Propuesta Académica en Contextos de Encierro para el periodo académico siguiente.

Por otra parte, establece la generación de un Protocolo de Actuación “para asegurar el acceso al derecho a la educación a las personas privadas de la libertad en el marco de la Ordenanza 194-CS-UNPA, prestando especial atención a los mecanismos de inscripción, reinscripción, readmisión y acceso a las Becas de Apoyo al Estudio”.

Aunque no quedó incluido en la Resolución, el Consejo Superior encomendó también a la Unidad Académica Río Gallegos que analice posibles sanciones al alumno por las amenazas e intimidaciones efectuadas a través de las redes sociales a distintos integrantes de la comunidad universitaria

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