Inmediatamente alertadas por la doble decisión del Gobierno Nacional de retrotraer las cuotas de los afiliados de las principales prepagas a diciembre y, a la par, solicitar a la justicia una medida cautelar que ratifique esa decisión y que devuelva de alguna forma los aumentos que superen el IPC devengados en estos primeros meses del año, las empresas de medicina privada afilaban su estrategia de contraataque. El primer paso será apelar la resolución administrativa de la Secretaría de Comercio apoyada en el dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), y pedir que sea concedida con efecto suspensivo. Es decir, que mientras se tramita, todo siga igual que como hasta ahora. De movida, eso ya se sabe de corto alcance, pero puede serle útil a las empresas en la transición a “cumplir” –bajo sus términos- con la orden oficial.
El segundo, será ir a discutir a la justicia -el Juzgado Civil y Comercial Federal N°9, es donde recayó- el amparo con pedido de medida cautelar presentado por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Allí, el Ejecutivo ensayó una curiosa pirueta discursiva: para fomentar el “libre mercado”, le exige a las empresas que cesen los aumentos, transparenten los indicadores de costos, reconozcan las subas y devuelvan el excedente en un esquema de cuotas que, según como sea la inflación, podría congelar cualquier suba hasta diciembre. Un homenaje a Guillermo Moreno y la primera bandera que La Libertad Avanza debe arriar: la inexistencia de las fallas de mercado y echar mano de un control de precios maquillado.
Pero atención que la justicia podría declarar “improcedente” el amparo y destartalar parte de la estrategia del oficialismo, por un motivo técnico. Se discutió en la tarde del miércoles, pero todavía no se decidió si le harán lugar o no.
Estrategia de defensa
Las prepagas vacilan en cómo defenderse porque según la Ley de Cautelares, las apelaciones a estas medidas contra el Estado tienen efecto devolutivo, con lo cual la resolución de la Secretaría de Comercio tendría plena vigencia hasta que resuelva la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal. Sin mucha expectativa, se podría solicitar. Pero lo primero que postularán es que el Ejecutivo optó por una doble vía que se superpone: recurrieron a la vía administrativa de Comercio y a la par con un amparo por el mismo asunto basado en el abuso en la posición dominante. Dirán que se incumple el requisito de la vía extraordinaria del amparo cuando “existan recursos o remedios judiciales o administrativos que permitan obtener la protección del derecho o garantía constitucional de que se trate”. El objetivo de fondo es anular un eventual fallo en contra, algo que, como se dijo, podría ocurrir.
Surge ahí otro problema: según supo Ámbito, los camaristas ya estaban intentando llegar a un consenso para llevar adelante un Acuerdo de Salas en el que iban a definir una fórmula homogénea para dar respuesta a los miles de planteos judiciales que llegaban a esos tribunales. Fue materia de conversación desde el lunes.
Antes de la avanzada del Gobierno, ese acuerdo entre camaristas para un criterio uniforme todavía estaba verde, pero la fórmula del IPC por mes podría cuadrar y ordenar el desbarajuste de expedientes individuales que concentran adhesiones en diferentes juzgados y desembocan, en algunos casos, en la propia Cámara vía amparos de salud. Otra apostilla: la denuncia oficial por “colusión” de la CNDC y la sanción impuesta con la tutela anticipada debieron tener como destino la Sala Especializada en Defensa de la Competencia, creada por ley y cuyos jueces ya concursaron, pero nunca fueron elegidos. El Gobierno propició darla de baja antes del que debió haber sido su debut.
Casi que los argumentos oficiales terminan siendo calcados al fallo cautelar del Juzgado Federal N°2 de Concepción del Uruguay que le dio amplitud al reclamo de afiliados y convirtió en colectiva una decisión de retrotraer cuotas.
Para empresas, devolución es “inviable”
Pero desde las empresas analizan otros argumentos. Consideran tan “inviable” la devolución a los afiliados, como el dejar a crédito lo cobrado sobre la fórmula que plantea el Ejecutivo de IPC. Sería el desfinanciamiento del sistema, discutieron en la frenética noche del miércoles. El primer efecto para evitar quedar desfinanciado sería tener que dar de baja los aumentos a los prestadores (médicos, estudios, etc), lo que podría redundar en que abandonen el servicio y con la consiguiente baja de calidad a los afiliados.
Las prepagas tienen un argumento muy a mano para justificar sus aumentos y defenderse del señalamiento de cartelización. Todas las cartas de incrementos a los afiliados de diciembre a la fecha –a partir de la desregulación- citan que “como es de público conocimiento, el Gobierno Nacional ha decretado mediante el DNU 70/2023 del 20 de diciembre de 2023 la emergencia sanitaria en el país, posibilitando de tal manera recomponer los precios de los planes vigentes y con ello, cubrir los desfasajes de costos”. Eso sigue vigente, como el DNU.
Pero subyacen otras cuestiones igual de complejas. El Gobierno (mirando las encuestas de opinión) impuso el máximo peso de su decisión sobre las prepagas pero no menciona a otro sector bien concentrado: los laboratorios. A la par de la desregulación de la medicina prepaga, hubo un festival de actualizaciones para las farmacéuticas, que ahora siguen sin estar topeadas. Un sistema se interrelaciona con el otro. Los descuentos en medicamentos llevaron del 17% al 35%, la torta del gasto directo de la medicina privada. Esa provisión no admitiría descuentos.
La queja, por un lado, es que no se atendió este punto y el modelo de negocio de cada prepaga que puede estar a ambos lados del mostrador (con estructura sanatorial) o puede ser un “financiador” de prestadores. Allí la ecuación económica financiera es primordial. A Ámbito le confiaron que en 60 días podría haber un desfasaje que haga colapsar al sistema. Y que si bien la medida recae sobre las empresas que tienen mayor masa de afiliados, hay muchas compañías que quedaron fuera del paraguas regulador. Otra objeción que podrá discutirse judicialmente, la falta de igualdad ante la ley que se desprende de la decisión gubernamental.
El Gobierno se enfrenta a su contradicción más feroz: por un lado, debe defender la vigencia del DNU –la matriz de reformas de Javier Milei que todavía sigue en pie-, pero que es precisamente el instrumento que las empresas aducen que le posibilitó hacer lo que ahora el Ejecutivo les censura. Traducido, sacan una resolución en vez de modificar el DNU (porque sería letal para su vigencia) y luego presentan un amparo en el que piden regular algo que ellos mismos pueden hacer. No se le pide a los tribunales que definan ya desacuerdos políticos, sino que les delegan funciones ejecutivas. Recular sería –de cara a la sociedad- algo de altísimo costo político.
El factor Belocopitt
Una pastilla. Debe ser el primer caso en el que el Gobierno descubre una cartelización enunciada a viva voz hace cuatro meses, de boca del propio Claudio Belocopitt, cuando, con naturalidad, anunció que se reunirían las principales empresas para definir el porcentaje de suba que le liberaba el entonces flamante DNU, en torno al 40%. Casualidad o no, todas aumentaron casi lo mismo. El Gobierno desdeña que este giro responda a que haya mirado encuestas en las que el tema prepagas rankea al tope de la irritación de la castigada clase media. Las empresas de medicina descreen de que sea la verdadera motivación. Una de las más grandes, que cuenta con más de 2 millones de afiliados, admite una baja neta de 10 mil asociados desde que comenzaron los aumentos, un porcentaje ínfimo.
Belocpitt es dueño de Swiss Medical y del 50% de Medicus, cuya adquisición operó en 2021 sin demasiada publicidad y se ha convertido, súbitamente, en el enemigo público para el Gobierno, pero también para parte del Círculo Rojo que colabora secretamente con sus detractores. Viejas rencillas. La primera consecuencia es que el resto de las integrantes de la UAS usaron de subterfugio el perfil bajo para no quedar arrastradas a una guerra que, dicen, no les pertenece. Algunos explican la virulencia del ataque en presuntas operaciones que el Gobierno le adjudica a Belocopitt sobre la crisis del dengue y hasta haberle, en privado, puesto plazo a la gobernabilidad de Milei, explicación para haber acelerado a fondo con los aumentos, mientras durase. De fondo, opinan que el desbarajuste entre costos y cuotas comenzó con la regulación de Ley de Prepagas en 2011, en el kirchnerismo. Afirman que la norma, los “cartelizó” de hecho.
Pero las versiones de la furia del Gobierno contra Belocopitt se hunden en lo más fangoso y no reniegan de haber recurrido a lo que consideran material “carpeteable” del empresario de más alto perfil en el sistema de salud privado. Versan sobre cuestiones patrimoniales en el exterior y hasta llegan a reflotar un viejo caso de negociaciones incompatibles vinculado a un negocio con el Club Ferrocarril Oeste. Esa es una guerra de Milei que se inscribe en otro registro.
