El empresario Lázaro Báez recibió otra mala noticia en Tribunales. La Sala A de la Cámara en lo Penal Económico confirmó el procesamiento dictado en primera instancia en una causa que investiga la retención de $33 millones en aportes previsionales correspondientes a los empleados de sus empresas.

El procesamiento fue dictado por el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social, que tiene una pena de dos a seis años de prisión, y alcanza también a Martín Báez y a Julio Mendoza, presidente de Austral Construcciones.

La causa se inició en el mes de mayo por una presentación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que denunció que 16 empresas del Grupo Báez registraban irregularidades sobre cargas sociales entre 2010 y este año por 223.413.791,47 millones de pesos, entre aportes no pagados y cumplidos fuera de término.

Luego la investigación determinó que la defraudación fue de 33.433.388,47 pesos. Por esa diferencia, Báez dijo que la AFIP hizo una falsa denuncia "por órdenes políticas" para "destruir" a él y a sus empresas.

La ley de régimen penal tributario establece que se comete delito cuando los aportes no se hacen o se realizan fue del plazo legal por un monto de superior a los $20 mil pesos.