La Justicia busca determinar el rol en la maniobra de Carlos Sancho, Daniel Peralta y no se descarta a Sergio Acevedo.

En los 243.943 km² de superficie que tiene Santa Cruz, Lázaro Báez logró recorrer la mayoría de sus caminos con contratos viales y obtener un ?flujo de dineros estatales? que le permitió un incremento de su patrimonio -según la justicia- del 12.127 % y el de Austral Construcciones, su firma insignia, del 45.313%. Esto fue posible ?con la anuencia de funcionarios nacionales como provinciales?, señalaron fuentes judiciales. La Justicia que ya procesó al empresario K, a Cristina Kirchner por asociación ilícita al haber ?favorecido al Grupo Austral? con 52 contratos viales, ahora avanza sobre las ex autoridades provinciales: los ex gobernadores Carlos Sancho, Daniel Peralta y no se descarta a Sergio Acevedo.

Durante varias indagatorias tomadas por el juez Julián Ercolini, tanto ex directivos de Vialidad Nacional como otros ex funcionarios nacionales, señalaron que gran parte de las decisiones sobre los contratos ?plagados de irregularidades?, se tomaron en Santa Cruz.

Ahora la Justicia quiere ir tras las responsabilidades institucionales en el sur. ?También permitieron configurar el esquema de beneficios exclusivos diseñado en favor de Lázaro Báez", señalaron fuentes judiciales a Clarín.

Las principales irregularidades observadas por el fiscal Gerardo Pollicita, apuntan a la "connivencia y tráfico de información con Báez" y "falta deliberada de controles" exponiendo "la complicidad de funcionarios", se concentra ahora en Santa Cruz.

En función de esto, el fiscal Pollicita ordenó que Vialidad Provincial entregue todas las actuaciones administrativas de los 52 contratos otorgados a Báez por un valor de $ 46.000 millones. La documentación ya está en la fiscalía y un equipo de trabajo está abocado al análisis y peritaje de los pliegos licitatorios y todas las decisiones posteriores: certificaciones de obras, redeterminaciones de costos, anticipos de obra, entre otros aspectos.

La principal premisa de la fiscalía es que las autoridades provinciales hicieron caso omiso a mecanismos de control con el fin de "favorecer a las empresas de Báez a quienes le pagaron y certificaron obras que ni siquiera había comenzado", señalaron a Clarín fuentes de la causa.

El período en el que más obras ganó el grupo Austral fue 2007-2010, según indicaron fuentes de la causa. Esto abarca al menos la gestión de dos ex gobernadores: Carlos Sancho socio de Máximo Kirchner y recientemente citado a indagatoria por presunto encubrimiento por el juez Claudio Bonadio en la causa Los Sauces S.A. Y a Daniel Peralta ex aliado kirchnerista. Sin embargo, al permitir la ley de lemas para gobernador, sus votos fueron decisivos para que Alicia Kirchner ganara.

Ambos ex mandatarios se les pediría el llamado a indagatoria en la causa que investiga la corrupción en la obra pública. No se descarta, que se pueda citar a declaración testimonial a otro ex aliado K: Sergio Acevedo.
Cuando renunció en marzo de 2006 declaró que fue por negarse a pagar un anticipo del 30% de una obra que Báez no había iniciado. Fue el primero en reconocer que la obra pública en la provincia de los Kirchner estaba ?cartelizada?.

Nadie controló a Báez. No podía comprometerse a realizar obras por más de $ 70 millones anuales y en ocho meses, según consta en la causa, fue "beneficiada con trabajos que superaban su capacidad en más de quince veces", para la fiscalía, las autoridades santacruceñas tenían "pleno conocimiento de Austral que era incapaz de realizarlas y finalizarlas en tiempo y forma, tal como aconteció". El 50% de los trabajos quedaron inconclusos.

Fuente (Clarín)