Víctimas de Femicidios: Buscan reparación económica para sus hijos

Se trata de un proyecto de ley presentado en Cámara de Diputados por la legisladora Gabriela Mestelán. “Buscamos que el Estado repare una de las consecuencias más terribles del femicidio: sus víctimas colaterales; los hijos e hijas de las mujeres asesinadas”, explicó la legisladora de Encuentro Ciudadano.

La diputada de Encuentro Ciudadano, Gabriela Mestelán, presentó en la última sesión en Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca “que las víctimas colaterales del Femicidio, es decir, niñas, niños, adolescentes y jóvenes menores de 21 años, que se quedan sin madre producto de la violencia machista, reciban un reconocimiento económico por parte del Estado”, según establece en sus fundamentos.

Se trata de una iniciativa que a nivel nacional impulsa la Asociación Civil ‘La Casa del Encuentro’. La propuesta, conocida como la ‘ley Brisa’, lleva el nombre de la hija menor de Daiana Barrionuevo, una joven asesinada por su ex pareja en la localidad de Moreno, Buenos Aires, en 2014. “Daiana tenía, además de Brisa, dos hijos varones. Todos quedaron al cuidado de su abuelo, quien sin contar con recursos tuvo que pedir hasta en los medios de comunicación vestimenta, útiles, juguetes, alimentos para esos chicos”, recuerda en sus fundamentos el proyecto presentado por Mestelán.

En el escrito que fundamenta el proyecto, se pueden leer en detalle los registros que cada año elabora ‘La Casa del Encuentro’ y que “describen que la situación de los Femicidios en nuestro país sigue siendo grave”: en los últimos nueve años se registraron 2384 Femicidios. A su vez, las víctimas colaterales de esos Femicidios son 2919 hijas e hijos que quedaron sin madre, de los cuales 1859 son menores de 18 años.

Alcances del proyecto

El proyecto de ley presentado por la legisladora de Encuentro Ciudadano es riguroso y detallado en cuanto a sus alcances. Entre sus puntos principales, establece que los beneficiarios de este ‘Régimen de Reparación’ son los hijos o hijas de mujeres víctimas de femicidio cuyo progenitor o progenitor afín “haya sido procesado o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice de delito de homicidio agravado por el vínculo – Femicidio”, tal como lo establece el artículo 80 del Código Penal. Es decir, se trata de niños o jóvenes que además de perder a su madre, ésta fue asesinada por su propio padre.

El proyecto establece que los beneficiarios deben ser menores de 21 años, aunque no existe límite de edad cuando se trate de hijos con discapacidad. Por otra parte, la

reparación económica mensual debe tener un valor siempre equivalente a un haber jubilatorio mínimo, con sus incrementos móviles establecidos por ley. Asimismo, el proyecto prevé que “las niñas, niños, adolescentes y jóvenes beneficiarios de la prestación tendrán derecho a que el Estado de la provincia de Santa Cruz les proporcione una cobertura integral de salud”.

“En nuestra provincia aún es una deuda pendiente”

La diputada autora del proyecto argumentó que “el Femicidio es un problema social en nuestro país y forma parte de la agenda pública. Por eso quienes integramos uno de los poderes del Estado debemos y tenemos que incluirlo sin dilaciones como parte nuestra agenda política”.

“Santa Cruz no está alejada de la problemática nacional y en nuestra provincia aún es una deuda pendiente la efectiva aplicación de la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, sancionada en 2009, que prevé la puesta en marcha de un Observatorio Provincial de Violencia de Género. Además, no contamos con un presupuesto acorde para encarar políticas públicas frente a esta problemática social”, detalló la legisladora.

En referencia a la creación de este ‘Régimen de Reparación’, Mestelán observó que “las niñas, niños y adolescentes víctimas colaterales del Femicidio están insertos en la misma estructura de violencia de género que sufría la madre, y una de ellas es la dependencia económica con el agresor”.

“Si bien este proyecto no reparará el daño que ellos sufrieron, implica una reparación económica por parte del Estado para atender sus necesidades y derechos”, explicó la diputada de Encuentro Ciudadano.

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