El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido arribó esta mañana a los Tribunales de Comodoro Py, donde desde las 9:38 empezó a ser juzgado por la tragedia ferroviaria de Once, en la que en febrero de 2012 fallecieron 52 personas. Se enfrenta a una pena máxima de 11 años de prisión.



Se trata del primer juicio oral contra quien fue ministro durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner de las varias causas judiciales que tiene. De Vido está procesado por las irregularidades en la obra pública, la compra de trenes chatarra a España y Portugal y la no renovación de contratos ferroviarios, entre otras.



De Vido llegó a la sede judicial a las 9:15 acompañado de su nuevo abogado Maximiliano Rusconi, en una camioneta Mercedes Benz, con vidrios polarizados.

Desde hoy, el Tribunal Oral Federal 4 comenzó el juicio en el que también está acusado Gustavo Simeonoff, quien era titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN).



Ambos serán juzgados por los delitos de estrago culposo agravado y administración fraudulenta, que tienen una pena que va de los tres a los 11 años de prisión. En caso de una condena por la pena mínima será de cumplimiento efectivo en una prisión.



Durante su denuncia, la fiscalía advirtió: "la imputación que se erige respecto de Julio Miguel DE VIDO, durante su gestión como Ministro de Planificación Federal, Inversión y Servicios Públicos, consiste en no haber controlado las condiciones de funcionamiento en cuanto a la utilización del material rodante, de la infraestructura, del personal transferido y la aplicación de fondos públicos que el Estado Nacional puso a disposición de la empresa Trenes de Buenos Aires S.A.. Asi, la inacción del nombrado, en función del rol que desempeñaba, como de las dependencias subordinadas -pese al notorio deterioro de los bienes afectados a la concesión-, posibilitaron las circunstancias precedentemente detalladas".



Y se agregó: "En la empresa concesionaria se omitieron realizar las tareas de mantenimiento y sistemáticamente no se ejecutaron los planes que se encontraban obligados a cumplir, circunstancia que ocasionó un perjuicio económico al erario público, como consecuencia del grave deterioro de los bienes concesionados cuya conservación y custodia les fuera contractualmente confiada, como así también la falta de durabilidad de las inversiones efectuadas por el Estado Nacional para proceder a las reconstrucciones del material rodante solventada con fondos públicos y ejecutada por la empresa Emprendimientos Ferroviarios S.A".

Respecto a Simeonoff, el fiscal federal Ramiro González entendió que, durante su gestión como Secretario Ejecutivo de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, "no avanzó en la renegociación del contrato de concesión suscripto con la firma Trenes de Buenos Aires S.A., omitiendo realizar el correspondiente análisis de situación y grado de cumplimiento alcanzado por el contrato, como así también efectuar alguna recomendación tendiente a mejorar el funcionamiento de este servicio".

Para esta primera audiencia se montó un operativo especial de seguridad por la presencia de familiares de las víctimas. Además del personal habitual de Comodoro Py, hay dos equipos de contención de la Unidad de Intervención Territorial (DUIT), otro del escuadrón antibombas y personal de video para grabar, pudo comprobar Infobae.

Precisamente, junto a los familiares estuvieron presentes Leonardo Szuchet, jefe de Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos, el cineasta Juan Campanella, Nilda Gómez, víctima de la tragedia de Cromañón, Carolina Píparo y Matías Bagnato.

También acudieron los políticos Vilma Ripoll, Alejandro Bodart y Juan Carlos Giordano, de partidos de izquierda.

La tragedia de Once ocurrió el 22 de febrero de 2012 cuando un tren de la línea Sarmiento chocó en la estación de Once y fallecieron 52 personas y más de 700 resultaron heridas. La explotación del Sarmiento estaba a cargo de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) y con el contrato vencido.



En la audiencia de hoy solo se leerán las acusaciones de la Fiscalía y la querella.

Ya hubo un primer juicio en el que se determinó que el tren funcionaba en malas condiciones y que hubo malversación de los fondos que el estado le daba a TBA para el mantenimiento del servicio. En ese primer juicio el Tribunal Oral Federal 2 condenó a los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime, a la pena única de seis años de prisión, y Juan Pablo Schiavi, a ocho años; a Sergio Cirigliano, dueño de TBA, a nueve años; a 17 ex directivos de esa compañía; y a Marcos Córdoba, el motorman que manejaba el tren, a tres años y seis meses.

A pesar de que la mayoría de las condenas son de cumplimiento efectivo, el único que está preso es Jaime y por otras causas. El resto transcurre en libertad porque a casi dos años del veredicto la Cámara Federal de Casación Penal todavía no resolvió si confirma o revoca la sentencia del tribunal.

Jaime y Schiavi eran subordinados de De Vido en el Ministerio de Planificación y el tribunal ordenó investigar al ex funcionario y a Simeonoff.



El juez Claudio Bonadio procesó a De Vido y a Simeonoff y en agosto del año pasado el fiscal Ramiro González pidió que sean enviados a juicio.

La defensa de De Vido hizo distintos planteos para evitar el inicio del juicio. Hasta pidió que sea por jurados populares, algo que está previsto en la Constitución Nacional pero que el Congreso de la Nación nunca reglamentó en una ley para la justicia federal.

El viernes pasado renunciaron Adrián Maloney y Julio Virgolini, los históricos abogados de De Vido, y ayer asumió su defensa Maximilino Rusconi y Gabriel Palmeiro. Su primera actuación fue pedir la postergación del inicio del juicio para tener tiempo de ver la causa. El tribunal le dijo que no y ratificó el inicio del juicio.

El proceso estará a cargo de los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñiguez y como cuarta magistrada estará Ana D'Alessio. El fiscal será Juan García Elorrio y hay cinco querellas: la Oficina Anticorrupción y otras cuatro -unificadas en dos- que representan a los familiares de las víctimas.

El mismo tribunal comenzará el martes próximo el juicio oral contra el ex vicepresidente Amado Boudou por el caso "Ciccone".

Durante el juicio está previsto que declaren cerca de 80 testigos entre ellos algunos ex funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner como Florencio Randazzo, quien se hizo cargo de la política ferroviaria después de la tragedia de Once; los ex ministros de Economía Roberto Lavagna y Miguel Ángel Peirano. También Leandro Despouy, ex titular de la Auditoría General de la Nación, organismo que elaboró un informe que fue prueba en el primer juicio, Manuel Garrido, ex fiscal de Investigación Administrativas, y Rubén "Pollo" Sobrero, dirigente gremial de la línea Sarmiento.

Está previsto que el veredicto se conozca en el primer semestre del año que viene.

(Infobae)