Ocupando escuelas que debían acoger los centros de votación del referéndum de independencia prohibido, los activistas catalanes estaban determinados este sábado a mantener vivo un plebiscito que el gobierno español de Mariano Rajoy aseguró que no tendrá lugar.
"Pensamos que es esencial que el centro esté abierto el día que tiene que estar abierto, que es el día 1", explicaba Thais, una madre de 38 años que, como muchos activistas, prefería no dar su apellido.
"Somos la gente los que tenemos que defender nuestros propios intereses, sino lo hacemos, nadie lo hará por nosotros", agregaba mientras participaba en la ocupación de la escuela de su hijo, Turó del Cargol, al pie del célebre Parque Güell de Barcelona.
Enzarzado desde hace años en un conflicto creciente con el gobierno de Rajoy, el ejecutivo regional catalán está determinado a celebrar el plebiscito este domingo, pese a que fue prohibido por el Tribunal Constitucional español.
El presidente catalán Carles Puigdemont habla durante una manifestación pro indenpendencia. / (AFP PHOTO / LLUIS GENE)
"Es verdad que todavía tenemos todo el domingo para ganar la independencia", lanzó el presidente regional, Carles Puigdemont, en un mitin de fin de campaña el viernes por la noche.
Pero "sabiendo toda la gente que está movilizándose en todo el territorio (?) hoy ya hemos ganado", agregó.
Los sondeos muestran que los catalanes están divididos sobre el proyecto independentista: 41,1% a favor y 49,4% en contra, según el último sondeo del gobierno catalán publicado en julio. Pero también que más del 70% de la población quiere que la cuestión se decida en un referéndum legal.
Tras meses del más absoluto secreto, el ejecutivo de Puigdemont desveló el viernes algunos detalles de la organización: 2.315 centros de voto en toda Cataluña -región de 7,5 millones de habitantes en el noreste de España- y un censo de 5,3 millones de votantes.
También presentó por primera vez una de las urnas previstas para el domingo, consistente en una caja de plástico traslúcida con una tapa negra donde hay una ranura para introducir el voto.
Las fuerzas de seguridad españolas, que a mediados de septiembre confiscaron millones de estas papeletas, siguen buscando las miles de urnas que los independentistas ocultan en algún lugar.
Un grupo de personas toma un colegio para evitar que las autoridades lo cierren y así puedan votar el domingo. (REUTERS/Enrique Calvo)
En un esfuerzo por desmantelar esta logística, la justicia ordenó el cierre de escuelas, centros cívicos y otros locales designados para acoger la votación.
Y ordenó a la policía que vigile si entra en ellos material electoral, en cuyo caso deben decomisarlo.
Esto pone contra las cuerdas a la policía regional catalana, los Mossos d'Esquadra, dependiente del gobierno independentista pero obligados a hacer respetar las decisiones judiciales.
Sus responsables ordenaron así a sus agentes desalojar las escuelas el domingo pero sin recurrir a la violencia, lo que abre el interrogante de qué pasará si los activistas ofrecen una resistencia pacífica.
En decenas de colegios, padres y vecinos habían previsto este sábado competiciones deportivas, talleres culturales, grandes comidas, bailes o proyecciones de películas con la esperanza de mantenerlos abiertos hasta el inicio de la votación.
Las autoridades ingresan a un colegio tomado. (REUTERS/Enrique Calvo)
"Sin desobediencia, no hay independencia", aseguraba un cartel pegado en la fachada de una escuela de Barcelona. "Si no vas, ellos ganan", decía otro apelando a quienes dudaban en participar en una votación ilegal.
"Lo que suceda el día 1 no será un referéndum", había asegurado el viernes el portavoz del gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, enumerando las numerosas carencias del escrutinio.
Con estas palabras hizo pensar que tal vez se acabe permitiendo una consulta simbólica, sin legitimidad por su falta de garantías, como la que ya celebró Cataluña el 9 de noviembre de 2014.
Sin embargo, el gobierno español cuenta con miles de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, desplegados en Cataluña para la ocasión, a los que podría recurrir.
Y pese a que todas las partes han llamado a la calma, algunos catalanes temen lo que pueda pasar.
"Hay que ser prudente. Yo no voy a salir" el domingo, aseguró Dolores Molero, secretaria de 53 años, en el último mitin del partido antiindependentista Ciudadanos.
Con información de AFP
(Infobae)
