Los “antídotos” que prepara el Gobierno para reducir el conflicto con los mapuches

En medio de la irresuelta desaparición de Santiago Maldonado, el Gobierno empezó a diagramar una batería de “antídotos” para encarar la problemática de los pueblos mapuches que originó duros enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, la toma de campos y la amenaza a las inversiones petroleras en la Patagonia.

En los últimos días, en Casa Rosada tratan de evitar hablar del caso Maldonado y confían en la labor Gustavo Lleral, el juez que reemplazó a Guido Otranto. Pero en paralelo a ello, Mauricio Macri dio instrucciones precisas a sus funcionarios para evitar que se propague el conflicto del Estado con algunos grupos mapuches violentos. La reacción es tardía: el corte de la ruta 40 el 1 de agosto pasado en Esquel, que culminó con la desaparición del joven artesano, se podría haber evitado si hubiera existido un plan concreto para responder a los reclamos de los pueblos indígenas. “Aún estamos a tiempo de evitar más desmanes”, sentenció a Infobae un ministro a modo de excusa.

El listado de iniciativas para atender el problema es variado y extenso. Prevé las siguientes medidas:

El control a las fuerzas de seguridad. Desde el Ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich se elaboró una resolución que será publicada mañana en el Boletín Oficial y que contempla la posibilidad de que esa cartera tome intervención directa en los sumarios de la Policía Federal, la Gendaremería, la Prefectura y la Policía Aeropotuaria. De esta manera, la Dirección de Investigaciones Internas del Ministerio de Seguridad podrá acceder a los sumarios de los uniformados e incluso agregar cuestionamientos en esos informes de conducta si hiciera falta. Hasta ahora esos sumarios eran secretos y estaban reservados a cada fuerza. De haber existido esta norma antes de la desaparición de Maldonado, por ejemplo, se podría haber evitado que hayan estado gendarmes sumariados en el operativo de la ruta 40. “Se trata de una medida tendiente a dar más transparencia en el accionar de las fuerzas de seguridad”, dijo a este medio un funcionario del Gobierno que trabaja en el tema.

Protocolo de desalojos. El gobierno nacional junto con el de Neuquén se encuentran elaborando el borrador para la intervención de las fuezas de seguridad en tomas de campos o establecimientos en la Patagonia que controle que no existan desbordes por parte de los efectivos. Esta medida se empezó a diagramar en las últimas semanas, luego de que la policía de Neuquén desalojó en un predio de Vaca Muerta a un grupo de mapuches de la comunidad Futa Trayen sin violencia y donde logró además incautar armas y municiones. No se trata de un tema menor para Macri este tipo de usurpación en los campos por una cuestión clave para el futuro de la economía: en los predios usurpados en Neuquén pasan 7 gasoductos que abastecen a gran parte del país y en ese lugar hay una toma de agua de Loma Campana que ofrece insumos a la planta de Shell, donde recientemente se invirtieron 60 millones de dólares. En esta zona, los grupos mapuches reclaman más del 50 % de los predios que comprenden hoy el yacimiento petrolero de Vaca Muerta, el sueño dorado del Gobierno para levantar la economía argentina. Hay más: Pablo Cervi, secretario del Consorcio de Riego Tratayen aseguró a Infobae que en el paraje Loma la Lata la comunidad de Kaxipaxin impidió hacer 5 nuevos pozos petroleros. Así, la provincia de Neuquén calcula que se pierden por ello unos 50 millones de pesos anuales en regalías y que YPF deja de facturar 415 millones de pesos que aportarían para bajar el precio del gas y ayudar al autoabastecimiento.

Acuerdo con Chile. Luego de varios años en que los grupos mapuches Comunidad Arauco-Malleco (CAM), en Chile, y Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), del lado argentino, vienen accionado en forma violenta en toda la Patagonia, los gobiernos de ambos países decidieron elaborar un plan de acción conjunto. La ministra Bullrich y el subsecretario del Interior de Chile, Mahmud Aleuy, se reunieron el viernes pasado en Buenos Aires para trabajar en un esquema de prevención de ataques violentos de grupos indígenas. La idea es cerrar los pasos ilegales para evitar el contrabando de armas y profundizar la cooperación judicial ante hechos delictivos. No será tarea sencilla porque hay más de 800 pasos ilegales a lo largo de toda la frontera. La justicia chilena acaba de denunciar un supuesto envío de armas y municiones de un grupo mapuche desde la Argentina hacia la CAM de Chile. Quizás esto se podría haber evitado si los controles fueran más estrictos y la cooperación judicial estuviera aceitada. A diferencia de lo que prevé el gobierno chileno de encuadrar bajo la figura de delitos de terrorismo los ataques de los grupos mapuches, en Argentina creen que no hará falta este extremismo legal por el momento. Pero sí se evalúa un reclamo a los jueces para que actúen sin piedad.

La ley del Congreso. Desde el Senado se aprobó la prórroga de la suspensión de la Ley de Tierras indígenas, que vence a fines de noviembre, y que impide desalojos de comunidades sometidas a procesos judiciales. Esta iniciativa se deberá tratar ahora en Diputados pero parecería ser apenas un parche de una política nacional que desatendió durante muchos años la problemática indígena. El tema de fondo es más profundo para el Estado: según la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas hay unas 600.329 personas que se reconocen pertenecientes a pueblos originarios y que reclaman más de 8 millones de hectáreas en todo el país. El Estado debe atender este tema y aún no se sabe si sólo con la ley aprobada se podrá encarar este conflicto.

El frente externo. En el Gobierno admiten fallas en la reacción diplomática internacional ante casos de derechos humanos. Primero fue el lapidario informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de la ONU, que reclamó por la situación de detención de Milagro Sala en Jujuy. Luego llegó el señalamiento por el caso Maldonado en el Comité de Desaparición Forzada de la ONU. En ambos casos desde la Cancillería señalan a Marcelo Cima, el embajador argentino ante los organismos internacionales con sede en Ginebra. “Le pasaron elefantes por las narices y siempre reaccionó tarde”, dijo a Infobae un destacado funcionario al evaluar la actitud de este diplomático ante el lobby que hicieron muchos organismos de derechos humanos palanqueados por el CELS en diversos foros internacionales. Para contrarrestar tantas muecas tardías ahora buscan armar un equipo de trabajo en Buenos Aires para analizar cada caso en particular antes de que llegue a Ginebra. El ministro de Justicia, Germán Garavano recibió el viernes pasado en su despacho al brasilero Roberto Caldas, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Allí evaluaron el fuerte poder que tuvo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante casos como el de Maldonado y Milagro Sala. Hubo coincidencias de ambos ante la “politización extrema” que vive la CIDH, donde el CELS tiene fuerte injerencia y se analizó la posibilidad de darle mayor impulso y poder a la Corte Interamericana como órgano supremo. A la vez, desde Nación emiten una señal desde el plano internacional: “Hacia el futuro hay que estar bien alertas en el frente externo”, le recomendó Garavano al canciller Jorge Faurie.

En la Casa Rosada creen que el conflicto mapuche podría estar bajo control si se aplican todos estos “antídotos” a tiempo. En caso contrario, quizás ya se tarde otra vez y tengan que volver a lamentarlo.

(Infobae)

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