El Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Desarrollo Social, durante la tarde de hoy en el Salón Gregores de Casa de Gobierno, llevó a cabo un nuevo Plenario del Consejo Provincial de Coordinación de Política Sociales.
La reunión contó con la presencia de representantes del ministerio Secretaría General de la Gobernación; Consejo Provincial de Educación; Servicios Públicos Sociedad del Estado; secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social; Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda; ministerio de Producción, Comercio, e Industria; ministerio de Salud y Ambiente; ministerio de Desarrollo Social y ministerio de Economía, Infraestructura, y Finanzas.
Dicho plenario fue presidido por la ministra de Desarrollo Social, Paola Vessvessian, y por la secretaria Ejecutiva del Consejo Provincial de Coordinación de Políticas Sociales, Jéssica Montiel, así como también contó con el acompañamiento y participación integrantes de la cartera social.
Enmarcado en el Acuerdo Social Santacruceño, y planteado como un espacio de articulación y coordinación de políticas sociales, el Consejo Provincial tiene por objeto la planificación y coordinación de políticas para mejorar la gestión de gobierno, mediante la formulación de acciones coordinadas e integrales.
Respecto de este tipo de articulación como metodología, Jessica Montiel expresó: ?La perspectiva que tenemos es profundizar las acciones que tenemos y visibilizarlas también, porque hay muchas herramientas que tienen los organismos que no se conocen y se trabajan a diario?.
Asimismo, la funcionaria agregó: ?Trabajamos en una planificación en cuanto al abordaje territorial de jornadas, las que vamos a trabajar de manera integral con diferentes organismos, en base a los recursos y herramientas cada uno de ellos para poder transformar las diferentes realidades que tienen las localidades que componen nuestra provincia?.
De esta manera, el Gobierno de Santa Cruz trabaja fortaleciendo la pluralidad, diversidad, trabajo territorial, e integralidad; pautas que refuerzan la presencia del Estado en los distintos escenarios locales, optimizando los recursos y herramientas de cada ente de gobierno participante, generando así nuevos espacios de gestión participativa.
