El su primer día hábil como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador puso en marcha un programa de austeridad que incluye la venta del avión presidencial y creó por decreto una comisión para garantizar la verdad y el acceso a la Justicia en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
La salida de servicio del avión presidencial ya estaba tomada, al punto que ayer López Obrador, en su primer día como presidente, viajó en un vuelo comercial hasta el estado de Veracruz.
Así, el Boeing 787 adquirido en 2012 para ser el avión presidencial voló hacia un aeropuerto de logística en San Bernardino, California, donde se le realizará el mantenimiento mientras se define la forma de venta.
El ahora ex avión presidencial "José María Morelos Pavón", que costó 218,7 millones de dólares, fue encargado a la Boeing por el presidente Felipe Calderón, en noviembre de 2012, poco antes de dejar el gobierno.
El último vuelo presidencial de la aeronave fue el último viernes, con el ahora ex presidente Enrique Peña Nieto, quien tras participar de la primera jornadas de la cumbre del G20 de Buenos Aires partió ha la Ciudad de México para llegar a tiempo a entregarle el mando a López Obrador.
También en esta primer jornada hábil como mandatario mexicano, López Obrador emitió hoy un decreto presidencial que crea una comisión para garantizar el acceso a la verdad y Justicia en el caso de 43 estudiantes desaparecidos desde 2014.
Es el primer decreto que firma como presidente desde su toma de posesión el sábado.
La presentación se hizo en un acto en el que estuvieron los padres y abogados de las familias de los estudiantes en el Palacio Nacional, sede del Gobierno.
"Con la firma de este acuerdo iniciamos el proceso de búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa", dijo López Obrador, citado por la agencia EFE.
"Ese fue nuestro compromiso y estamos empezando a cumplirles nuestra palabra", agregó.
Los estudiantes de la escuela rural de magisterio de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, desaparecieron la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 después de ser perseguidos por policías municipales y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos en Iguala, 200 kilómetros al sur de la capital mexicana.
Pese a las investigaciones que se llevaron a cabo, nunca se dio con el paradero de los jóvenes -salvo el hallazgo de un hueso calcinado de uno de ellos, Alexander Mora Velazco- ni se esclarecieron los motivos por los que fueron atacados.
Los padres siempre acusaron al Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto de obstaculizar el acceso a la verdad, mientras que cerca de 120 personas fueron detenidas, entre ellas el ex alcalde de Iguala, pero en ningún caso hay sentencia.
El decreto de López establece que todos los órganos del Gobierno deberán colaborar para que se llegue al esclarecimiento del caso, más allá de las investigaciones que realiza la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía).
Diario Panorama
