Fue la piedra basal que disparó una serie de detenciones de carácter preventivo e inauguró la denominada "doctrina Irurzun". Sin embargo la pericia utilizada en la causa por supuestos sobreprecios en la compa de GNL, quedó demostrado ahora, fue falseada.

Según consignó este viernes el periodista especializado en cuestiones judiciales Gabriel Morini, "la legalidad del expediente que inició el raid de prisiones preventivas a ex funcionarios quedó seriamente dañada".

Es que una pericia oficial determinó que la prueba pincipal en la causa "fue técnicamente mal confeccionada, con valores erróneos para los cálculos, referencias documentales inexistentes y presumiblemente plagiadas de sitios de internet".

El informe ya está en manos del juez federal Sergio Torres quien, junto a la fiscal Paloma Ochoa, deben resolver ahora una vez que finalice la feria judicial el destino de la contradenuncia por falso testimonio que había hecho el exsubsecretario de Coordinación y Control del Ministerio de Planificación Federal Roberto Baratta contra el perito David Cohen.

"Inverosímil desde un comienzo por las cifras astronómicas de supuestos sobreprecios que habrían sido consignadas, fue la pericia que tomó el juez para procesar y disponer las prisiones preventivas bajo la recomendación de la Cámara Federal sobre otro caso, el de los convenios firmados por las obras en la usina de Río Turbio" explicó Morini.

La pericia de la pericia arrojó resultados demoledores sobre el trabajo de Cohen cuya conclusión (avalada por el juez Claudio Bonadio) fue que entre 2008 y 2015 se pagaron 6.995,92 millones de dólares en sobreprecios por la importación de 500 buques por parte de Enarsa. Esa cifra era el equivalente a casi la mitad de lo pagado por la Argentina en ese lapso por el abastecimiento de GNL importado.

De acuerdo con la nueva pericia, para la elaboración de la prueba que utilizó Bonadio "no hubo análisis de las particularidades de cada compra ni se indagó sobre las empresas ni sus directivos, contratistas de primera línea internacional, que habrían recibido los supuestos excedentes. Tampoco se tomaron valores específicos para cada compra ni se utilizaron parámetros válidos para las operaciones en el mercado internacional que guardaban particularidades con respecto al proveedor y los costos asociados, pero también para la Argentina por su riesgo crediticio".

Según la conclusión unánime de los peritos, el trabajo de Cohen "no se encuentra ajustado a los parámetros técnicos y académicos que debe poseer una pericia como la que le fue encomendada; que el método de análisis utilizado ha sido incorrecto y en consecuencia los resultados numéricos obtenidos no satisfacen los requerimientos?. Surgió además que en la causa de Bonadio no se contaba con información completa sobre cargamentos entre 2008 y 2012 como para aplicar el cálculo inicial que había hecho el perito ahora acusado por falsear su informe.

Minuto Uno