El 21 de abril de 2003 un hombre, en un intento de violación, asesinó a Lucila Yaconis, de 16 años. Había una muestra de ADN del asesino y su mamá, Isabel Yaconis, pensó que iba a ser fácil encontrarlo. El crimen todavía está impune. Isabel es una de las impulsoras de la ley 26.879 que creó el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual (RNDG), y denuncia que "la mayoría de las provincias aún no aportaron los perfiles de ADN necesarios para avanzar en el esclarecimiento de las investigaciones". Yaconis destaca que "también es importante recolectar las evidencias encontradas en la escena donde se cometió el delito, con autores desconocidos".

"Necesitamos que los procuradores de las provincias y los Tribunales Superiores de Justicia que tienen a su cargo los laboratorios públicos y estatales de genética forense compartan la información de los condenados y evidencias de NN con el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual", pidieron desde las Madres del Dolor, asociación que Isabel integra.

El Registro comenzó a funcionar a fines de 2018, almacena la información obtenida de muestras o evidencias biológicas en una investigación criminal y de las personas condenadas con sentencia firme por delitos contra la integridad sexual.

"Lo más grave es que los jueces a los cuales se les solicita, no responden, no hay una explicación y esto es grave", le dice a Crónica la mamá de Lucila, quien asegura que va a seguir luchando siempre para que el registro funcione.

Además, es necesario que las provincias habiliten laboratorio de genética forense en cada una de las jurisdicciones. Sólo existen siete avalados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, La Pampa, Jujuy y, Salta.

Según los datos con los que cuentan las Madres del Dolor, "Salta es la única que colabora con el Registro: está en proceso de enviar 270 perfiles; Mendoza y La Pampa informaron cerca de 300 cada una, pero aún no remitieron la información, y el resto no envió respuesta alguna".

"En estos días se le tomaron 36 muestras de ADN a violadores que ya están en libertad en San Isidro, en la provincia de Buenos Aires. Desde el Registro se trabaja muy bien, pero es necesario que se envíen las muestras desde cada provincia. La ley está, hay que cumplirla", exige Isabel.

Vale recordar que el asesino de Ángeles Rawson, el portero Jorge Mangeri y el padre Julio César Grassi, acusado de abuso sexual de menores, fueron incorporados recientemente al Registro de Violadores, pese a que ambos en un principio se negaron.

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