La Cámara Federal resolverá la semana próxima si separa a Yáñez de la causa ARA San Juan

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia debe analizar el pedido de recusación contra la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, presentado por Luis Tagliapietra, uno de los abogados querellantes. La acusa de imparcialidad al demorar la determinación de responsabilidades penales por la muerte de los 44 tripulantes del submarino. Incluso le imputa, en ese sentido, haber establecido un “pacto político” con el Gobierno nacional y la Armada.

A media mañana de ayer, el abogado Luis Tagliapietra fue recibido en audiencia por el juez Javier Leal de Ibarra, presidente de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, organismo de máxima instancia jurisdiccional que deberá expedirse la semana próxima sobre la recusación de la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez.

Tagliapietra es padre de uno de los submarinistas que murieron el 15 de noviembre de 2017 al hundirse el submarino Ara San Juan en aguas del Golfo San Jorge, a unos 500 kilómetros frente a las costas de Comodoro Rivadavia, donde la nave fue hallada un año más tarde a unos 907 metros de profundidad.

La causa judicial recayó en la jueza de Caleta Olivia porque la última comunicación radial se captó cuando navegaba por el litoral marítimo de esta ciudad santacruceña.

Tagliapietra, quien presentó el pedido de recusación ante la Cámara el 16 de mayo último, fundamentó ayer su postura en audiencia. Pero no estuvo solo ya que a poco de iniciarse la misma se hicieron presentes otras dos letradas querellantes que discrepan con esa medida y representan a otros familiares de las víctimas.

Se trata de Lorena Arias y Valeria Carreras, esta última integrante del estudio jurídico del abogado Fernando Burlando. Ese desacuerdo también lo comparte la abogada Sonia Kreischer quien hace varios meses se distanció de Tagliapietra por cuestiones de criterio, pero no estuvo presente ayer en la audiencia con Leal de Ibarra.

La situación judicial también generó divisiones de opiniones entre los familiares de los submarinistas que indistintamente son representados por los abogados antes mencionados.

Cuestionamientos

Es probable que la postura de Tagliapietra, se haya visto potenciada por una serie de recientes documentos reservados y elaborados por especialistas de la Armada Argentina quienes habrían determinado un alto riesgo de operatividad del ARA San Juan, información que también estaría en poder de la jueza Yáñez y serían elementos suficientes para direccionar responsabilidades. Sin embargo, hasta el momento nadie fue imputado.

Es más, al retirarse del edificio donde funciona la Cámara Federal, Tagliapietra dijo los periodistas que lo aguardaban que “a poco más de siete meses del hallazgo de submarino aún no se conformó un equipo de peritos” para analizar las imágenes fotográfica y fílmicas del navío, a lo que sumó el hecho que desde que se inició la causa en noviembre de 2017 no hubo llamados a indagatorias ni procesamientos.

Denuncia pacto político

Tagliapietra sostuvo que más allá de la gran acumulación de documentos que posee la jueza sobre el caso, ya transcurrieron más de diecinueve meses de iniciada la investigación “y nada pasó porque la causa sigue rotulada como averiguación de delito”

En consecuencia, insistió en la necesidad de llegar a la verdad de lo sucedido para luego determinar fehacientemente quiénes fueron los responsables de la tragedia.

Para reforzar su criterio de “pérdida de imparcialidad” en la causa por parte de la jueza, Tagliapietra reiteró algo que ya había dicho hace pocas semanas: que ella mantuvo varias “reuniones secretas” con funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional (entre ellos el ministro de Defensa, Oscar Aguad) y con altos oficiales de la Armada (incluyendo al actual titular de la fuerza, almirante José Luis Villán), lo cual generaba sospechas para “planchar la causa”.

El abogado consideró que todo hace presumir que no se avanzó en las investigaciones porque existiría “un pacto político” entre la jueza, el Ejecutivo Nacional y la Armada “para que en este año electoral no pase nada, pero incluso no tenemos ninguna garantía que después de las elecciones haya definiciones”, cuestionó.

En ese sentido citó que la ley establece que una investigación penal debe durar un año y si bien ese plazo se puede ir prorrogando al invocarse un grado de complejidad, como ocurre en este caso, “la justicia lenta no es justicia”, planteó.

 

Fuente: El Patagónico

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