“Cuatro meses de persecución política, cuatro meses de derechos intervenidos”

Los vocales electos de la Junta de Clasificación Especial e Inicial ante el Consejo Provincial de Educación, Sandra Araujo, Verónica Lamberti y Marcelo Vera con duros términos hicieron mención a que en la fecha se cumplieron 120 días que fueron separados de sus cargos, y por lo cual insistirán hasta la restitución de sus cargos.

“El 27 de Febrero de 2019, de manera arbitraria y unilateral, la Presidencia del CPE decidió separarnos de nuestros cargos, esta decisión estuvo cargada de autoritarismo, impunidad y carencia de argumentos. La Junta de Clasificación de Educación Inicial y Especial a partir de entonces perdió no solo el quórum necesario para poder funcionar como organismo colegiado, sino que también se vio teñida de una total falta de transparencia que perjudica de manera superlativa al colectivo docente.

Los sumarios que nos iniciaron, como parte de la persecución política contra aquellos que levantan la voz para decir basta a los atropellos del CPE, nunca fueron resueltos. El resultado evidente que demuestra el objetivo de esta maniobra política-administrativa es lograr afectar los controles y la defensa de los trabajadores docentes ante el manejo discrecional que hacen con los legajos y el puntaje de miles de compañeros.

El 30 de Junio culmina el período de la Inscripción Estatutaria para la Junta de Clasificación Educación Inicial y Especial, luego de esa fecha en dicho organismo se iniciará con la valoración de 7.000 legajos de la trayectoria profesional de todos los docentes de la Provincia de Santa Cruz, en este contexto todo procedimiento que afecta información confidencial es puesta en tela de juicio ante el proceder intervencionista del ejecutivo provincial.

Es necesario recordar que la Junta de Clasificación continúa funcionando ilegalmente, con la única presencia de los dos vocales en representación del ejecutivo (quienes constituyen además la minoría de éste cuerpo). La vida democrática en su interior se ve directamente censurada, lesionada, ausente, perjudicando directamente a todos los docentes del nivel, restándoles uno de sus principales derechos: el de ser representados.

Cuatro meses han pasado desde entonces y aún no hemos recibido ningún tipo de respuesta. El silencio de la desidia no solo afecta a quienes hemos sido apartados de nuestras funciones sino que vulnera la carrera de nuestros colegas. Pasan los meses pero nuestras convicciones siguen intactas, seguiremos exigiendo que se nos restituya en nuestros cargos y el cese inmediato de la Intervención en la Junta de Clasificación de Educación Inicial y Especial”.

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