La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México presentó varias denuncias contra 375 funcionarios federales y estatales por haber incurrido en presuntas violaciones de los derechos humanos en relación con el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Iguala.

En un comunicado difundido anoche, la CNDH indicó que se identificaron «irregularidades cometidas por funcionarios», por lo que se han presentado las denuncias para «determinar la comisión de delitos y la responsabilidad administrativa de dichas personas».

De las 235 personas denunciadas penalmente, 116 de ellos -82 a nivel federal y 34 a nivel estatal- habrían incurrido en actos de omisión durante la investigación ministerial.

Las otras 119 -114 federales y cinco estatales- fueron acusadas de participar en actos de tortura, tratos crueles y/o degradantes, detenciones arbitrarias y otras violaciones.

El texto señala que la CNDH presentó denuncias por faltas administrativas contra 140 personas y destacó que la autoridad pertinente «determinará la responsabilidad de cada una».

«Entre las denuncias aludidas, está la presentada contra el personal policial a cargo de la estación Iguala de la Policía Federal y de dos agentes de dicha corporación, por participar en la desaparición de un grupo de normalistas en el Puente del Chipote y por incumplir su obligación de prestar auxilio a las víctimas», refiere el documento, que recogen medios locales y la agencia de noticias Europa Press.

Así, la comisión los acusó de «no preservar el lugar y los indicios, huellas o vestigios de los hechos delictivos».

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos había ratificado con anterioridad las conclusiones de un informe de la ONU sobre el caso de la desaparición de los estudiantes, en el que aseguraba que hubo torturas y encubrimiento.

Los estudiantes de magisterio de la escuela rural de Ayotzinapa desaparecieron la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el vecino municipio de Iguala a su regreso de una protesta contra las autoridades locales.



Manifestaciones por los desaparecidos
La versión oficial es que fueron sorprendidos por la organización criminal Los Rojos, como parte de un ajuste de cuentas entre grupos rivales, y que los sicarios los mataron e incineraron, deshaciénodse de sus restos en el basurero de Cocula.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y forenses argentinos que participaron en las pesquisas desmontaron esta teoría.

Conclusión