a Cámara Federal ordenó la reapertura de una causa contra los periodistas Rodis Recalt y Gerardo "Tato" Young iniciada por haber revelado el nombre de un agente de inteligencia.

El expediente había sido archivado por el juez federal Sebastián Casanello en noviembre del año pasado, al considerar que, de imputar y eventualmente indagar a los periodistas por esa publicación, se vulneraría el derecho a la libertad de expresión. La AFI primero denunció a los periodistas y luego apeló el archivo de la causa para su reapertura.

En respuesta a ese recurso de apelación, la Sala I, con los votos de los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens -que además pidió la nulidad de la resolución-, se concedió lo solicitado por la AFI al revocar el archivo y se le encomendó al juez Casanello que siga adelante con la investigación.

En julio del año pasado, la AFI denunció a los periodistas Rodis Recalt ( Noticias) y Gerardo "Tato" Young ( Animales sueltos) después de que dieron a conocer el nombre de un agente de inteligencia denominado, según la publicación de Noticias, "el nuevo Stiuso". El organismo conducido por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani denunció primero a Recalt por haber revelado información secreta protegida por la ley de inteligencia (25.520), y luego amplió la denuncia contra Young con el mismo fundamento.

Esa causa recayó en el juzgado de Casanello, y el fiscal Carlos Stornelli requirió impulsar la investigación. Como medida de prueba Casanello le pidió a la central de inteligencia que remitiera la información de toda investigación interna o sumario iniciado alrededor de la filtración de esa información. La AFI presentó copias de una actuación preliminar que había sido supuestamente destinada a investigar "la fuga de la información", y desde ese organismo se le informó a Casanello que no habían iniciado actuaciones. En cambio, como querellante la AFI insistió en investigar a los periodistas por "violar el secreto".

"Lo más oportuno es que sea la justicia quien realice las investigaciones pertinentes que ayuden a establecer la fuga de la información", subrayaron desde el organismo conducido por Arribas y Majdalani. Sin embargo, consideró Casanello cuando decidió archivar la causa, la denuncia de la AFI no apuntaba a investigar la fuga de la información desde el organismo sino la conducta de los periodistas.

En una resolución dictada en noviembre del año pasado, Casanello planteó que había dos posibles líneas de investigación: la propensa a dar con integrantes de la AFI que hayan fugado información y la tendiente a responsabilizar a los periodistas que la divulgaron en los medios. La primera línea hubiera requerido que los periodistas fueran llamados a declarar como testigos y la segunda hubiera implicado colocarlos como imputados y tomarles declaración indagatoria.

Para la primera línea el juez planteó un conflicto de intereses: por un lado la averiguación de la verdad como una de las metas del proceso penal y por el otro la libertad de prensa y el derecho a preservar el secreto de las fuentes.

"El conflicto, sin embargo, tampoco se reduce a Rodis Recalt ni a Gerardo Young -o a los editores responsables de la revista Noticias o a los productores de Animales sueltos-, sino que involucra el derecho de todos a recibir informaciones e ideas: la libertad de expresión representa un derecho individual pero, también y al mismo tiempo, un derecho colectivo", consideró Casanello. Y agregó que, de avanzar con las medidas requeridas por la AFI para avanzar en la investigación, de ser ordenadas redundarían en "una clara afectación del secreto de las fuentes de información periodística".

Con respecto a la segunda línea de investigación planteada, el juez consideró: "Se busca directamente el juzgamiento de los periodistas haciendo a un lado la idea de que 'la prensa es un medio de comunicación de ideas y hechos de interés público, y el responsable es quien los origina y no quien se limita a comunicarlos' (De Luca, Javier A, Libertad de prensa y delitos contra el honor, Buenos Aires, Ad Hoc, 2006)".

"Una investigación en este caso supone no solo el riesgo de avanzar sobre el derecho personal del periodista a expresar sus ideas por la prensa -y sobre todo el derecho colectivo a la información-, sino lisa y llanamente su persecución penal. Su indagatoria como medida de prueba ya no sólo estaría prohibida por afectar los derechos aludidos sino por confundir al imputado con un órgano de prueba", consideró Casanello, y archivó la causa. El fiscal Carlos Stornelli -a cargo de la investigación- no apeló ese archivo. Pero la AFI sí lo hizo y pidió la reapertura.

En el fallo de la cámara, el camarista Pablo Bertuzzi consideró que había falencias en la resolución de Casanello y que su decisión debía ser revocada. "Entendiendo que la resolución adoptada en tales términos resulta prematura, cuestión que, en definitiva, se vincula con la omisión del ejercicio de facultades propias del tribunal concernientes a la mejor averiguación de los hechos, es que considero que corresponde revocar el archivo", expresó en su voto. Bruglia compartió el criterio de Bertuzzi.

Llorens, por otro lado, no planteó revocar el archivo si no anular la resolución. "[Lo sostenido por el juez]no logra demostrar el punto central del argumento, desde que lo que se investiga en autos es la revelación del secreto y no la obtención de la información que podría ser secreta y sujeta a la protección constitucional mencionada".

Por: Candela Ini

La Naciòn