El 'expresident' de la Generalitat Carles Puigdemont continuará en libertad tras haber acudido este viernes ?de forma voluntaria?, según ha confirmado su oficina de prensa, a declarar ante la Fiscalía de Bruselas en relación a la tercera orden europea de detención y entrega que el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, emitió por sedición y malversación de fondos públicos nada más dictarse la sentencia del 'procés'.
Las autoridades belgas, según ha explicado él mismo, le han impuesto las mismas medidas cautelares que en 2017, consistentes en no poder abandonar Bélgica sin autorización judicial y fijar una residencia -que ya tiene en Waterloo- para poder ser requerido en cualquier momento.
El magistrado que instruyó la causa del 'procés' responderá de forma inmediata a la consulta belga formulada la pasada madrugada que el 'expresident' no tiene inmunidad alguna, pese a lo que pueda alegar no es miembro del Parlamento Europeo. En su respuesta Llarena señalará que Puigdemont no ha cumplido ninguno de los requisitos necesarios para adquirir esa condición: no acató la Constitución española ante la Junta electoral Central, al rehusar hacerlo en persona como prevé la ley electoral y, por tanto, tampoco pudo tomar posesión de su escaño. Según informó el Supremo, el instructor de la causa abierta contra los huidos -que está paralizada a la espera de que sean puestos a disposición de la justicia española- recuerda que la confirmación de que no es europarlamentario también puede cursarse a la Cámara europea directamente.
El propio Puigdemont ha señalado al salir de la sede de la Fiscalía que en la mañana del jueves se puso ?a disposición de las autoridades belgas" y fue conducido por la Policía ante el juez, ante el que finalmente ha comparecido. Uno de sus abogados, Gonzalo Boye, ha destacado la existencia de "errores que contiene la orden europea una vez más" y que Puigdemont "siempre ha estado a disposición de la justicia".
En un breve comunicado, Puigdemont ha explicado que está siguiendo ?todos los pasos oficiales que acompañan a este procedimiento?, ha ?rechazado la notificación y se ha opuesto a su entrega a España?, tal y como ya avanzó que haría su abogado, Paul Bekaert, el pasado lunes por considerar ?desproporcionadas? las penas impuestas a Oriol Junqueras y el resto de políticos independentistas catalanes y entender que España no se respetará su derecho de defensa. "Ahora tenemos una sentencia en Madrid que prueba que han violado los derechos de defensa en este caso y que si se envía al presidente a España el juicio no respetará el derecho de defensa", valoró Bekaert.
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