La defensa del presidente de Chile, Sebastián Piñera, atribuyó la acusación constitucional contra el mandatario por la venta de Minera Dominga, una transacción incluida en los llamados Pandora Papers, a una "ostensible maniobra político-electoral" y su abogado insistió en que la presentación se apoya en “hechos falsos”.
El equipo jurídico del Presidente envió un escrito de defensa a la comisión parlamentaria encargada de estudiar la acusación constitucional, presentada por la oposición, en el que también censuró que la causa "toma como base suposiciones, atribuye intencionalidades, confunde fechas y distorsiona reglas claras y precisas" del ordenamiento jurídico chileno.
Así, calificó los hechos de "manifiestamente falsos y mañosamente relatados", y apuntó a una "intención de crear la falsa impresión de que habría privilegiado sus intereses personales sobre sus deberes como presidente", recogió Radio Cooperativa, citado por la agencia de noticias Europa Press.
"En forma mañosa, el texto de la acusación intenta traer al presente una circunstancia ocurrida entre los años 2010 y 2011, correspondiente a una negociación entre empresas privadas, donde el presidente no tuvo participación ni conocimiento alguno", agregaron los defensores.
La defensa añadió que “como es de público conocimiento, desde 2009 Piñera se desligó absolutamente de la gestión y administración de las empresas en las que participaba", y lamentó el “desprecio por la verdad” de los legisladores.
La publicación de los Pandora Papers, fruto de la investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), provocó revuelo en el país por la revelación de que el presidente podría estar implicado en posibles infracciones fiscales.
Según la información publicada, Piñera participó en la venta de Minera Dominga a su amigo personal Carlos Alberto Délano a través de un paraíso fiscal en Islas Vírgenes Británicas en 2010, durante su primer mandato presidencial.
La investigación aseguró que Piñera traspasó acciones de Minera Dominga por 152 millones de dólares en tres pagos, el último de ellos condicionado a la decisión del Gobierno sobre la designación como reserva natural del terreno en el que está emplazado el mineral, que fue rechazada por la autoridad ambiental en 2011.
Al escrito se sumaron después declaraciones del abogado Jorge Gálvez, tras exponer en una sesión pública, que reiteró que la denuncia era “una acusación constitucional basada en hechos falsos o que han sido relatados de forma mañosa y tergiversada"
"Intentaré persuadir a esta comisión para que en su informe recomiende el rechazo de esta acusación, por cuanto ella carece de todo argumento fáctico y jurídico", afirmó Gálvez, que terminará mañana su presentación ante la comisión.
Gálvez negó que Piñera "haya intervenido en la decisión de venta del proyecto" y también descartó que haya favorecido a Dominga al no concretar ninguna acción de protección ambiental.
Terminada la exposición de la defensa, la comisión tendrá seis días para elaborar un informe no vinculante en el que debe recomendar si se admite o rechaza la acusación. Este texto será entregado a los 155 diputados de la Cámara Baja, que luego deberan votar la acusación.
Si se aprueba, la causa pasaría al Senado -donde existe mayor equilibrio de fuerzas entre oficialistas y opositores-, que tendría que actuar como jurado.