Postrada en su cama, Ana Estrada dice que se siente “feliz y contenta” porque el estado peruano decidió no apelar el histórico fallo de un juez que le reconoce su derecho a tener una muerte asistida, en un país donde la eutanasia es ilegal.
”Es una causa individual, en este caso, pero espero que sirva de precedente”, afirmó Estrada, poco después de que los Ministerios de Justicia y de Salud y el seguro social estatal dijeran la noche del martes que respetarán la sentencia del juez, para que la mujer tenga “una muerte digna”.
Estrada, psicóloga de 44 años, sufre desde hace tres décadas de polimiositis, una enfermedad rara que ataca sus músculos y no tiene cura, con un deterioro progresivo. Está conectada a un respirador mecánico la mayor parte del tiempo y es asistida casi a diario por una enfermera. La mujer inició hace unos cinco años una batalla judicial para solicitar y permitir, en caso lo decida y “llegue el momento”, la eutanasia.

El código penal peruano dice que ayudar a morir a una persona es un delito y es castigado con cárcel. ”Creo que es un logro no solamente mío, no sólo de mi causa, sino también es un logro del derecho y de la justicia en el Perú”, dijo Estrada, con una voz apagada y entrecortada.
La eutanasia no es permitida en muchos países y en Perú, donde la mayoría es católica, muchos conservadores se oponen fuertemente a esta práctica. En Latinoamérica, Colombia permite el procedimiento bajo ciertas condiciones.
”El juzgado ha reconocido para el caso de Estrada el derecho a morir con dignidad”, dijo a Reuters el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez. Y agregó: “Ha reconocido su autonomía, voluntad y libertad para poder, en su momento, tomar la decisión de poner fin a su vida porque considera que ya no sería digno continuar viviendo en una situación de sufrimiento”.