Doce meses después de haber sido detenido con más de 200 mil dólares sin declarar en el Puente de la Amistad, ubicado en la triple frontera, el exsenador entrerriano Edgardo Kueider transita un presente que por ahora apunta a un juicio por contrabando de divisas en Paraguay.
Lo que comenzó hace un año como un procedimiento aduanero de rutina decantó en un proceso que lo mantiene bajo arresto domiciliario en una vivienda de la Asunción, aguardando decisiones que busca definir su futuro judicial tanto en Paraguay como en Argentina.
Kueider fue detenido la madrugada del 4 de diciembre de 2024, luego que agentes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios encontraron poco más de 211 mil dólares, 640 mil guaraníes y cerca de 4 millones de pesos distribuidos entre bolsos y compartimentos que iban en la Chevrolet Trailblazer donde viajaba desde Foz do Iguazú hacia Ciudad del Este.
Ninguna de las sumas había sido declarada a la aduana paraguaya. Kueider, que no supo explicar la procedencia real del dinero, iba a acompañado por, Iara Guinsel Costa, quien fue secretaria de su despacho en el senado. El vehículo en el que se trasladaban no era propiedad de ninguno de los dos, sino de Daniel González, un empleado de planta de la Biblioteca del Congreso.
Durante su declaración ante las autoridades paraguayas, Kueider aseguró que ni él ni Guinsel Costa eran dueños de los dólares, y que el dinero estaba ligado a negocios de intermediación de inversores en Paraguay. El Ministerio Público imputó a ambos por contrabando en grado de tentativa que prevé una pena de hasta dos años y medio de prisión efectiva.
Ratifican a Arroyo Salgado en la investigación que involucra al ex senador entrerriano Edgardo Kueider
En un gesto muy llamativo, uno de los funcionarios aduaneros le devolvió a Kueider 9.900 dólares, suma permitido para cruzar la frontera sin declarar, el ex legislador aceptó el monto y quedó a disposición de la Justicia.
Tras la imputación, tanto a Kueider como a Guinsel Costa se les concedió el beneficio del arresto domiciliario en un departamento de una lujosa zona de Asunción. Sin embargo, la pareja tuvo que mudarse a principios de febrero a otro inmueble también en la capital Paraguaya, lugar en el que aguardan al 20 de abril de 2026, fecha en la que se celebrará el juicio que determinara la responsabilidad penal de ambos del delito de intento de contrabando.
Del lado Argentino de la frontera, Kueider tiene dos frentes judiciales abiertos por enriquecimiento ilícito, uno en San Isidro, donde interviene la magistrada federal Sandra Arroyo Salgado, y otro en la justicia provincial de Entre Ríos, a cargo del juez de Concordia, Ives Bastián.
Luego de un tironeo por la competencia del expediente entre ambos jueces, Arroyo Salgado elevó la contienda a la Corte Suprema de Justicia para que dirima, previa opinión del Procurador Eduardo Casal, donde deberá continuar la investigación.
La jueza sanisidrense supo avanzar en el expediente a su cargo con diversas medidas de prueba como allanamientos, indagatorias, todo ello orientado a reconstruir el patrimonio del exlegislador y determinar el origen de fondos que habrían sido utilizados para adquirir propiedades y financiar sociedades vinculadas a su entorno político.
Las sospecha de Arroyo Salgado fue de tal nivel que le reclamó a la justicia paraguaya la extradición de Kueider, cosa que en un principio fue rechazada. Sin embargo, el Ministerio Público de ese país determinó que el pedido de la jueza solo podrá resolverse una vez finalizado el proceso por contrabando.
Otro aspecto relevante de uno de los expedientes en Argentina gira en torno a Daniel González, dueño del vehículo donde la aduana paraguaya hizo el millonario hallazgo. “Gonzalito” figuraba en la sociedad de Betail SA junto a Kueider. La firma que compró departamentos y cocheras lujosas en uno de los edificios más exclusivos de Paraná.
Los inmuebles están ubicados junto a otras pertenecientes a los hermanos Tortul, empresarios procesados en la causa Securitas, donde se investigan pagos sistemáticos de sobornos de la empresa multinacional de seguridad privada para obtener contratos con organismos públicos, entre ellos Enersa, la distribuidora eléctrica de Entre Ríos.
Para Arroyo Salgado, la conexión entre Kueider y Enersa es determinante. El exsenador había representado al Poder Ejecutivo en asambleas de la empresa estatal, y la magistrada sostiene que los dólares retenidos en Paraguay podrían estar vinculados a un circuito de coimas y retornos de la firma de seguridad.
