La justicia de Salta absolvió este miércoles a un hombre que estaba acusado por el femicidio de su mujer, ocurrido en enero de 2017 en su casa de la localidad de Vaqueros, en el departamento de La Caldera. Por el crimen también estaba acusado otro sospechoso, que igualmente quedó libre de toda culpa.
Los jueces de la sala VII del Tribunal de Juicio de Salta absolvieron por el beneficio de la duda a Federico Nicolás Cajal Gauffin, de 48 años, al entender que no había elementos suficientes como para condenarlo por los cargos de "encubrimiento agravado" del delito de "homicidio cuádruplemente calificado por ser cometido con ensañamiento, alevosía, criminis causa y violencia de género".
Además, en el mismo juicio oral el tribunal absolvió a Sergio Horacio Vargas, de 34 años, quien estaba acusado de ser "partícipe secundario" del mismo delito. Los jueces le concedieron la inmediata libertad a ambos.
Jimena Beatriz Salas, de 44 años, fue asesinada de más de 50 puñaladas el 27 de enero de 2017. Su marido, Federico Nicolás Cajal Gauffin, afirmó que encontró su cuerpo en el piso de la cocina comedor de su vivienda, ubicada en la localidad de Vaqueros, a 11 kilómetros al norte de la ciudad de Salta.
Las hijas de la pareja, mellizas que en ese momento tenían tres años, estaban encerradas en el baño de la casa y se cree que Salas fue víctima de un robo.
Según la autopsia, la mujer presentaba signos de defensa y se utilizaron al menos dos armas blancas para cometer el hecho, y hasta el momento no se sabe quién o quiénes fueron los autores del crimen.
Pero esta semana los jueces Francisco Mascarello, Federico Diez y Javier Armiñana Dohorman concedieron el beneficio de la duda a los dos imputados para su absolución, y rechazaron la demanda civil solicitada a favor de las hijas de Salas, cuyo femicidio sigue impune.
Durante el debate del juicio -que comenzó el 3 de mayo- declararon 120 testigos en la Sala de Grandes Juicios del edificio del Poder Judicial de Salta.
El viernes pasado, tras una extensa jornada de alegatos, los fiscales intervinientes pidieron 5 años y medio de prisión para el viudo por considerarlo encubridor y solicitaron su prisión preventiva.
Para Sergio Horacio Vargas solicitaron la pena de 12 años de prisión como "partícipe secundario del delito de homicidio calificado por ensañamiento, alevosía, criminis causa y femicidio".
Por su parte, la tutora oficial que intervino en representación de las hijas de Salas adhirió a los montos de pena formulados por los fiscales y solicitó la privación de la responsabilidad parental de Cajal Gauffín respecto de sus dos hijas menores.
Los defensores técnicos de los dos imputados pidieron la absolución para sus defendidos.
En el requerimiento de elevación a juicio, los fiscales penales Ana Inés Salinas, Gustavo Torres Rubelt y Ramiro Ramos Ossorio consideraron que la conducta desplegada por Cajal derivó en "una manifiesta obstrucción de la justicia, perpetrada en orden a evitar dar cuenta acerca del origen o naturaleza de bienes espurios que estaban en su poder y que fueron sustraídos por los autores del homicidio, en ocasión de ejecutar el hecho principal".
También sostuvieron que se pudo establecer que los autores materiales contaron con la activa colaboración de Vargas, para la perpetración del hecho.
