La investigación judicial por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó nuevas pruebas que apuntan a un posible esquema de coimas y retornos en contrataciones de insumos médicos y ortopédicos. Según el expediente, intermediarios habrían cobrado entre un 12% y un 20% de las adjudicaciones a cambio de facilitar la participación de empresas en licitaciones del organismo.
La causa está a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Franco Picardi, quienes investigan presuntas maniobras de sobreprecios, direccionamiento de contrataciones y pagos irregulares entre funcionarios y proveedores de la Andis.
Uno de los principales apuntados es Miguel Ángel Calvete, señalado en el expediente como un supuesto nexo entre funcionarios y empresas adjudicatarias. La Justicia encontró en su celular mensajes, tablas y anotaciones que coincidirían con pagos realizados por la Andis a distintas firmas proveedoras.
Uno de los ejemplos analizados involucra a la empresa Artrobone Ortopedia S.A. El 30 de junio de 2025, el organismo emitió certificados de pago por 17 y 16 millones de pesos a favor de esa firma. Días después, según la investigación, la titular de la compañía le envió a Calvete una tabla con esas mismas cifras y una línea donde figuraba “Miguel $6.600.000”, monto equivalente al 20% del total cobrado.
Además, el expediente incluye mensajes enviados por el exdirector de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis, Daniel Garbellini, quien habría mantenido informado a Calvete sobre pagos del organismo. En una conversación incorporada a la causa aparece el mensaje: “Sus ofrendas de esta semana”, acompañado por una lista de contratistas y montos que coincidían con certificados emitidos ese mismo día.
La Justicia también analiza presuntos sobreprecios en la compra de sillas de ruedas, andadores y prótesis. Un documento interno del Ministerio de Salud detectó diferencias de hasta 4239% respecto de valores de mercado en algunos productos adquiridos por la Andis.
Entre las empresas investigadas aparece Expo Trauma S.A., vinculada a operaciones por más de 400 millones de pesos. En otra de las tablas halladas en el teléfono de Calvete figuraba la inscripción “Miguel 20%” junto a cifras relacionadas con compras de sillas ortopédicas adjudicadas a esa firma.
La causa también involucra a Neurosalud y Ortopedia Bernat, compañías cuyos pagos coincidirían con mensajes y anotaciones atribuidas al supuesto intermediario. En algunos casos, los investigadores detectaron facturación cruzada con Indecomm, una empresa de la que Calvete habría sido socio y firmante de cheques.
Según el dictamen fiscal, varias de esas facturas habrían sido utilizadas para justificar transferencias de dinero bajo una apariencia legal. El fiscal Picardi sostuvo que algunas operaciones no respondían a servicios comerciales genuinos, sino que podrían haber servido para canalizar retornos dentro de una estructura destinada a defraudar al Estado.
Las defensas de los involucrados rechazaron las acusaciones. El abogado del extitular de la Andis, Diego Spagnuolo, negó cualquier participación de su cliente en las maniobras investigadas y aseguró que no tenía contacto con proveedores ni intervenía en las licitaciones.
Por su parte, representantes de algunas empresas reconocieron vínculos comerciales con Calvete, aunque afirmaron que actuaba únicamente como gestor administrativo y negaron cualquier pago ilegal o acuerdo con funcionarios públicos.
En total, la Justicia llamó a indagatoria a 49 personas. Mientras avanza la investigación, también se realiza un peritaje sobre audios y documentación incorporada al expediente, considerada clave para determinar si existió una organización dedicada a direccionar contrataciones y obtener retornos mediante compras millonarias del organismo estatal.
