La Sala IV de la Cámara de Casación Federal continuó con las audiencias de apelación de la causa conocida como Vialidad, que condenó a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.
Con eje en las serias inconsistencias de los peritajes que concluyeron sobreprecios en la obra púbica de Santa Cruz, este jueves fue el turno de los exfuncionarios provinciales de Vialidad.
Los expresidentes de la Agencia de Vialidad de la provincia de Santa Cruz (AGVP), Raúl Pavesi, Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe, condenados en primera instancia a cuatro y cinco años de prisión efectiva respectivamente reclamaron que se revoquen sus condenas.
En primer término, el abogado del ingeniero en caminos Raúl Pavesi, Oscar Vignale insistió en el perjuicio que generó a los acusados la fragmentación de la causa. Es porque la causa “madre” de Vialidad continúa en instrucción hace casi una década, en manos del juez Julián Ercolini. Esta situación generó que muchos exfuncionarios no pudieran ser convocados a declarar como testigos por parte de las defensas por estar imputados en ese otro tramo del expediente.
Para el defensor, la sentencia del TOF2 “no reúne los elementos típicos” para la condena de su cliente.
El abogado le respondió a la fiscalía que habló de una “constelación de comportamientos” para “una maniobra delictiva”. Para considerar eso “debería haber una conexión en los hechos entre Pavessi y los cinco o seis empleados que estaban por debajo de él”, explicó. Y aseguró que esa jerarquía no estuvo observada por el fallo de primera instancia.
Por otra parte, el defensor advirtió sobre las serias inconsistencias en el peritaje oficial que determinó sobreprecios en las obras otorgadas a Lázaro Báez. “Confundieron metros cúbicos con metros lineales”, alertó a modo de ejemplo. Y pidió que se revise el accionar de los jueces que “improvisaron” otra pericia para fundamentar las condenas. “El criterio fue personal y no jurídico”, advirtió. “Los jueces se transformaron en autores de la prueba de cargo. Porque no pudieron usar la prueba de los ingenieros. Se apartaron del marco normativo”, lanzó Vignale. Y afirmó que en la causa “no hay tarea pericial válida y la única certera es la contable”, que no arrojó irregularidades. En esa dirección concluyó que “el sobreprecio no está probado de manera pericial y categórica”, y aun así condenaron a los imputados.
Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña escucharon a continuación a Miguel Ángel Arce Ageo, defensor de los exfuncionarios José Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe
“Los fondos que administraban eran provinciales”, advirtió. Afirmó que sus defendidos no manejaron nunca fondos nacionales, por lo que no se les puede adjudicar administración fraudulenta de fondos nacionales.
Además, argumentó que los organismos provinciales de control fueron los que auditaron el accionar de sus clientes y la instrucción no investigó a esos organismos. Se pretende condenar sin elementos jurídicos”, aseguró. Y también recordó que no hubo peritaje oficial concluyente, como admitió el propio Tribunal en su fallo.
También, habló de un grave error del Tribunal, que consideró que la AGVP depende de Vialidad Nacional, lo cual no es así. Se trata de “dos organismos autárquicos en paridad”, por lo que no se puede imputar inconsistencias en líneas jerárquicas en el manejo de las obras. “Son dos organismos diferentes” que tienen cada uno sus controles, destacó.
Por otra parte, Arce Ageo afirmó que las redeterminaciones de precios no constituyeron defraudación como dijo el fallo del TOF2. En ese sentido recordó que quedó demostrado en el juicio que fue un mecanismo legal y habitual con todos los empresarios de la construcción y que no se benefició a una empresa en particular con dichas actualizaciones de valores. De hecho, los empresarios que declararon en el juicio, incluyendo a Ángelo Calcaterra, declararon que las redeterminaciones los perjudican, no los benefician. Ya que el Estado siempre redetermina por debajo de la inflación y paga tarde.
Quedan dos audiencias de apelación, previstas para el 25 de marzo y el 4 de abril. Luego de eso el Tribunal entrará en etapa de deliberaciones.
