En lo que las cámaras de empresas de pesca de langostino describen como “la crisis más grave en la historia de la pesca argentina”, unos 5.000 marineros permanecen sin trabajar y las pérdidas de exportación para el país superan ya los USD 200 millones.
El conflicto enfrenta, de un lado a las empresas que operan barcos “congeladores” (aquellos que además de pescar, procesan y embalan langostino en “buques-factoría”), y del otro a los sindicatos de capitanes de pesca, conductores navales y marinería. Este último sector es el que aporta más tripulantes a los buques pesqueros, unos 24 sobre una tripulación estándar de 30 personas.


El viernes, las cámaras empresarias anunciaron un acuerdo con la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca, que agrupa a los tripulantes de mayor remuneración y menos número en una embarcación, sugiriendo que “podría iniciarse la solución” del conflicto con maquinistas y marineros.

Adecuación
El objetivo, afirmaron, es “llegar a un acuerdo para iniciar un proceso de adecuación del Convenio Colectivo de Trabajo que rige la actividad de los capitanes de la flota congeladora”. Están en juego los premios “por producción”, la parte del león (o tiburón, tratándose de un entorno marino) de los ingresos de los trabajadores pesqueros, vinculados desde 2005 a un precio de referencia de USD 12 el kilo de langostino.
Las empresas quieren adecuar ese valor a los precios actuales, cercanos a USD 5,5 el kilo. Hasta ahora no lo consiguieron y 113 buques “congeladores” siguen amarrados en puertos, desde Mar del Plata hacia el sur. Unos 5.000 trabajadores no perciben “premio” de producción y Argentina, calculan, ya perdió exportaciones de unos USD 200 millones de langostino, la especie más importante por monto en las ventas externas del sector pesquero.
En 2017 la exportación de la especie en diferentes formas y tamaños había llegado a superar los USD 1.000 anuales. La caída de precios y del mercado internacional redujo el potencial a un todavía no desdeñable USD 600 millones anuales, del que ya se perdió un tercio. La pesca es el octavo complejo exportador argentino y el primero si se consideran las “economías regionales” del país.
Acuerdo bilateral
El entendimiento con los Capitanes de Pesca “fue fruto de un trabajo bilateral riguroso, basado en el análisis detallado de los costos de producción y el escenario económico que enfrenta la actividad del langostino congelado a bordo”, explicó Agustín De La Fuente, presidente de la Cámara Argentino-Patagónica de la Industria Pesquera (Capip), una de las tres cámaras empresarias en torno del conflicto.
“Ahora confiamos en que la marinería adopte una postura similar, donde prime la razonabilidad y el diálogo para encontrar una solución completa a este conflicto que afecta a más de 5.000 familias”, agregó Eduardo Boiero, presidente de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPECA). Del lado empresarial también está CEPA (Cámara de Empresas Pesqueras Argentinas).
La enumeración refleja la atomización del sector pesquero, que abarca también a la marinería, representada por el SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, cuyo secretario general, Raúl Durdos, mantiene vínculos con la familia Moyano), y el Simape (Sindicato Marítimo de Pescadores, que agrupa a los marineros de Mar del Plata)
Las cámaras empresarias mejoraron algo su postura negociadora cuando, a través del sitio “www.salgamosapescarya”, algunos marineros criticaron la postura inflexible del SOMU, que les impide cobrar la mayor parte de sus ingresos.
Todos pierden
Según las cámaras empresarias, el conflicto representa hasta ahora USD 200 millones de pérdida de exportaciones, 113 buques congeladores detenidos, daño económico a localidades como Mar del Plata, Puerto Madryn, Puerto Deseado y Ushuaia y deterioro del ingreso de marineros y sus familias y de la cadena logística, productiva y comercial asociada.
El actual convenio colectivo, afirman, “resulta inviable frente a un contexto internacional de fuerte caída de precios. El rechazo de SOMU y Simape a actualizarlo, agregan, “desprotege a quienes más dependen de esta actividad”. Según sus estimaciones, un marinero podría estar percibiendo ingresos por $10 millones brutos mensuales, “en base a parámetros realistas de productividad”. Pero al no haber actividad está percibiendo solo el básico, de poco más $500.000, que cobra todos los meses del año, exista o no pesca pesca.
Según una propuesta que las Cámaras presentaron semanas atrás en la Secretaría de Trabajo de la Nación, el impacto de la readecuación al Convenio “recaería sobre salarios que, en la base de su escala, significan $86,4 millones brutos anuales”. Se trata de trabajadores, dice el documento, ubicados en el 5% superior de la pirámide de ingresos de la Argentina, resultado –enfatiza- “de un promedio de entre 5 y 7 meses de trabajo efectivo anual”.
El rol de la Aduana
El acuerdo con los Capitanes incluiría tomar para los premios de producción el precio de exportación del langostino que informa la Aduana, a condición de que lo haga de modo “dinámico” y refleje fielmente las condiciones de mercado.El amago de optimismo de las cámaras empresarias sobre una posible resolución del conflicto choca con la postura del SOMU, que en la semana organizó una marcha sobre Plaza de Mayo con la consigna “No a la Baja” y el rechazo a cualquier “adecuación” del Convenio de 2005. Micros con manifestantes llegaron desde el sur del país. Revista Puerto, especializada en el sector, señaló que para evitar desbordes en su territorio el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, habría financiado la llegada de tres micros desde Puerto Madryn.
El jueves, ante la Comisión de Industria en la Cámara de Diputados, el secretario de Pesca del SOMU, Juan Navarro, advirtió (¿o amenazó?): “estamos a punto de que algunas ciudades sufran graves incidentes”.
Además, el SOMU elevó un petitorio al presidente de la Nación, Javier Milei, en el que además de criticar el decreto 340, de desregulación de la marina mercante, denunció la paralización de la flota tangonera (así se llama a los buques especializados en captura de langostino) y dijo que la readecuación que proponen las cámaras “no tiene fundamentos legales ni económicos”, porque “no existe ninguna empresa pesquera concursada o en procedimiento preventivo de crisis”.
Para zanjar diferencias, el gremio pretende que el gobierno disminuya el Derecho Único de Extracción (DUE) y las retenciones a las exportaciones pesqueras, exima temporalmente a las empresas del impuesto a los combustibles (segundo mayor costo operativo, detrás del laboral) y un régimen de excepción sobre los aportes a la seguridad social. Pero de retocar el Convenio, ni palabra.