La Justicia intimó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a adoptar medidas tendientes a la protección del arbolado público y ordenó, hasta tanto se cumpla con las mismas, se suspenda todo tipo de actividad de poda y tala de árboles.

El juez Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo, Guillermo Scheibler, resolvió hacer lugar parcialmente a la acción de amparo y ordenó al gobierno porteño y a las Comunas de la Ciudad, a que "implemente un sistema informático de acceso libre, gratuito y público que contemple la totalidad de las acciones correspondientes a la gestión del arbolado público”.
"Se trata de un capital verde que recibimos en sus ejemplares adultos de las generaciones que nos precedieron y que debemos proteger y legar a las que nos sucedan con el agregado de nuevos ejemplares", sentenció el juez en un fallo que pone el foco en la protección del arbolado público.
El sistema a implementar debe permitir seguir la trazabilidad de cada uno de los ejemplares y posibilite a la ciudadanía controlar y verificar en tiempo real el cumplimiento de las previsiones de las normas en la materia. También dispuso que publique en la web oficial de la Ciudad de modo que se fácilmente accesible el Plan Maestro de Arbolado Público.
El gobierno porteño y las comunas deben diseñar y ejecutar “un esquema de tareas de conservación en salvaguarda de las plantaciones existentes (…), en el que la poda no resulte la única y exclusiva herramienta de manejo”.
Además, el juez ordenó que hasta tanto se halla dado íntegro cumplimiento a lo dispuesto , “se suspenda todo tipo de actividad de poda y tala de árboles. Solamente podrán realizarse intervenciones en aquellos supuestos excepcionales que no admitan demora por encontrarse comprometidas la seguridad pública, la integridad de bienes o personas o la realización de obras públicas”.
Según publico el sitio Ijudicial , el amparo acciona contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de "resguardar su derecho constitucional a un ambiente sano y equilibrado y a la preservación del patrimonio natural, puntualmente, del arbolado público".
El amparo denunció que "el GCBA desarrolla una actividad de poda que, al menos desde hace cinco años, está destruyendo los árboles del patrimonio público, a saber, árboles de alineación, de plazas, estaciones de ferrocarriles y bulevares, ya sea por mutilación, mochado, terciado o talado".
Y se puntualizó que se "ocasionó la muerte de muchos árboles en los últimos años y que, a los sobrevivientes, se les ha quitado la mayor parte de su follaje, con la consecuente pérdida de sus beneficios». Concluyó que «las empresas contratistas no son idóneas y que solo persiguen un fin lucrativo, ya que su facturación está ligada al número de árboles podados y a la intensidad de la poda en cada ejemplar".
Finalmente, el magistrado Scheibler aseguró que "no puede soslayarse que un árbol no es un integrante más del mobiliario urbano, fácilmente reemplazable, fungible en sus funcionalidades, como una farola, un banco de plaza o una parada de colectivos. Se trata de un ser vivo que nos acompaña y ayuda en el muchas veces difícil tránsito de habitar las grandes ciudades. Alcanzar su porte majestuoso le irroga décadas de crecimiento y cuidados, por lo que todo lo que hace a la gestión de este patrimonio no puede ni debe efectuarse a escondidas de la comunidad, a la ligera y sin los recaudos que la ley y el Plan Maestro elaborado por el propio GCBA imponen".