El abogado José Lucas Magioncalda, denunciante en la presentación conocida en redes como “Sturzegate”, afirmó que en la contratación de Cancillería a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) por $114.044.133 se habría omitido un paso que consideró “fundamental” para la transparencia: la publicación del expediente en la página web de la Oficina Anticorrupción (OA).
La exigencia surge del artículo 4°, inciso b, del Decreto 202/2017, que ordena dar “publicidad total” de las actuaciones tanto en la web del organismo contratante como en la de la OA, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
En una entrevista con La Nación +, Magioncalda sostuvo que la difusión “central” en la web de la OA no se habría materializado, y planteó que esa presunta omisión vuelve “nulo” el contrato.
El Gobierno, según relató el denunciante, se defendió con dos ejes: que ya existía una contratación previa en 2024 y que Rouillet sería empleada (no dueña) de la entidad. En ese marco, Magioncalda afirmó que presentaron una denuncia penal y pidieron que la Justicia también revise si hubo actualizaciones de declaraciones juradas y el encuadre del vínculo durante 2024, cuando Sturzenegger asumió a mitad de año.
La adjudicación quedó formalizada por la Disposición DI-2026-06694033-APN-SSCYAE#MRE, dentro del expediente EX-2025-132767865-APN-DCYC#MRE y el procedimiento 26-0033-CDI25 (Adjudicación Simple por Especialidad).
En los considerandos, Cancillería dejó asentado que, a partir de la Declaración Jurada de Intereses, surgió un “vínculo positivo” entre María Josefina Rouillet (identificada en el expediente como directiva de la AACI) y el ministro Federico Sturzenegger, lo que activó el protocolo del Decreto 202/2017.
