El Gobierno pondrá en marcha un estudio de cadenas de valor de tres productos de la canasta básica con la finalidad de poner en claro cuánto impactan los impuestos en el precio final al consumidor. La medida se analiza en la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y cuenta con el respaldo de empresarios pyme.
Según pudo averiguar Ámbito, se trata de poner en blanco sobre negro, cuánto de lo que paga la gente en el mostrador o en las góndolas está constituido por impuestos y de ese modo poner en debate la reducción de la presión fiscal. Las tres cadenas que se elijan serán bien diferenciadas en diferentes áreas del país.
La idea final es mostrar la cantidad de impuestos que paga la gente sin saberlo cuando consume y de ese modo impulsar la discusión sobre la necesidad de bajar la presión fiscal legal.
Según estudios privados, además del más reconocido Impuesto al Valor Agregado (IVA) que impacta en el 21% en el valor final, el otro tributo en cuestión es el Impuesto a los Ingresos Brutos que cobran las provincias.
Ese impuesto en cascada, agrega al menos un 10% al valor final. A diferencia del IVA que en última instancia abona el consumidor final, Ingresos Brutos se suma en cada factura de la cadena. A ello se suman algunos productos que tienen impuestos internos, como en el caso de las bebidas alcohólicas.
Un estudio realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) había medido en 2017 que el peso final de los impuestos en el precio final de los bienes era del 44%. Ese margen se estima que se mantuvo, e incluso, pudo haber subido.
Salvador Femenia, vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), señala que en la entidad se está comenzando a hacer una investigación de ese tipo. “Medido bien, desde que sale la materia prima hasta que llega al consumidor, el impacto de los impuestos es muy grande”, explicó. El directivo señaló que teniendo la información “se pueden tomar decisiones” y que también se puede discernir si los márgenes que se suman en cada etapa son exagerados.
En 2023 bajó la presión fiscal
De acuerdo con el IARAF la presión tributaria efectiva nacional, entendida como la recaudación nacional en términos del PBI, se ubicaría en un nivel del 22,8% del PIB, lo cual implicaría un descenso de 1,4 puntos porcentuales respecto a la del año 2022. Eso se debe a que cayó la recaudación, no a que hayan bajado las alícuotas de los impuestos.
Sin embargo, en esta recaudación anual está implícita el impacto de la fuerte sequía que afectó al país, al excluir del análisis los tributos asociados al comercio exterior (derechos de exportación, derechos de importación e impuesto PAIS) la presión tributaria interna ascendería al 20,5% y tendría un descenso de 0,5 puntos respecto a la del año 2022.
El tributo con mayor incremento de presión efectiva sería el IVA, con un crecimiento de 0,8 puntos del PBI (fundamentalmente por medidas de administración tributaria) e impuesto PAIS con un incremento de 0,38 puntos del PBI.
Los impuestos a créditos y débitos en cuenta corrientes, seguridad social, internos coparticipados, Bienes Personales y derechos de importación prácticamente no registran variaciones significativas.
En el otro extremo se ubican combustibles, derechos de exportación y Ganancias como aquellos tributos que tuvieron la mayor disminución de importancia relativa al PIB.
Oscuridad fiscal
En Argentina no se puede discriminar el Impuesto al Valor Agregado a los consumidores finales. De hecho, hay una resolución vigente desde 1997, firmada por Carlos Silvani, quien fuera el primer administrador Federal de Ingresos Públicos, que establece que para poder hacerlo los responsables inscriptos tienen que pedir permiso al organismo.
El diputado y economista radical Martin Tetaz presentó recientemente un proyecto de ley para revertir esa situación.
