El presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti se trasladó de urgencia, poco antes del mediodía, para arribar, por tierra, a Rosario, en medio de la conmoción que genera el narcotráfico y en el marco de una serie de medidas implementadas por el gobierno tanto en seguridad como en materia de justicia. La reunión se extendió por más de 4 horas con todos los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, integrada por Aníbal Pineda, Silvina Andalaf Casiello, José Guillermo Toledo y Élida Vidal.

La iniciativa del encuentro provino de la propia justicia federal rosarina y atento al anuncio del Ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona que por la mañana sorprendió con "la inmediata entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en el ámbito de la Cámara de Apelaciones de Rosario a partir del lunes 18 de marzo".


La decisión suscitó el inmediato pedido de prórroga por parte del Procurador General de la Nación interino Eduardo Casal que se mostró favorable a la medida pero solicitó extender los plazos para garantizar implementación. En esa misma sintonía, los jueces reclamaron lo propio. Según pudo saber Ámbito, Rosatti ofició como una suerte de nexo para compatibilizar posiciones, obteniendo, por un lado, el compromiso de los jueces en el avance del sistema acusatorio -donde las investigaciones quedan en cabeza de los fiscales- y manteniendo comunicación con el Poder Ejecutivo para garantizar una extensión de tiempo que les permita trazar una estrategia eficaz. A la par, se mantuvo online con el vicepresidente de la Corte Carlos Rosenkrantz para una coordinación institucional que tuviese al máximo Tribunal de respaldo.
En lo concreto, el resultado del encuentro fugaz cumplió con el objetivo de fondo que es que la reforma será implementada en la justicia federal de Santa Fe, lo que podría redundar en un cambio significativo a la hora de tramitar causas complejas contra el crimen organizado y en especial contra el narcotráfico. Era uno de los asuntos pendientes que podía colaborar con agilizar los procesos, parte del reclamo en medio de la acuciante amenaza en la que está sumida la provincia.
Se "armonizaron posiciones", indicaron a Ámbito fuentes cercanas a los magistrados que participaron de la reunión. Como la decisión oficial fue repentina y hasta ahora el acusatorio ha sido implementado solo en dos provincias, existe un tiempo prudencial sobre el que se realizarán ajustes para tratar de alinear la nueva metodología. Lo principal: no hubo objeciones y se registró compromiso de las autoridades judiciales y del Ejecutivo para avanzar en el mismo objetivo común.
El Ministerio de Justicia anunció que con la implementación del Código en Rosario se propiciará "la oralidad, publicidad, contradicción, concentración, inmediación, simplicidad, celeridad y no formalización" en el tratamiento de las causas penales por delitos complejos. Rosario será la prueba de fuego en una implementación que, además, está determinada por la emergencia de una violencia creciente.