Javier Iguacel, ex titular de Vialidad Nacional, declara este jueves desde las 10 por videoconferencia en la causa que lo tiene como imputado y en la que se investiga el trato preferencial que recibió durante su gestión Autopistas del Sol, empresa históricamente ligada a la familia del ex presidente Mauricio Macri.


Antes de jubilarse, y tras haber ordenado allanamientos y escuchado a varios testigos, el juez Rodolfo Canicoba Corral llevará a cabo este jueves las primeras indagatorias por presunta defraudación al Estado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.
Iguacel declarará vía teleconferencia desde su casa en el marco de las restricciones impuestas por el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio al que obligó la pandemia de coronavirus Covid-19.
En la causa en que se investigan supuestas irregularidades en la renegociación de contratos por peajes con el Estado nacional durante el gobierno de Mauricio Macri también están imputados los ex ministros Nicolás Dujovne y Guillermo Dietrich. Se investiga

El magistrado también dispuso la convocatoria a declarar en calidad de imputados al exprocurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías.
En la causa, se investiga si funcionarios del gobierno de Macri cometieron defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública al prorrogar los contratos de concesión pese a que las firmas Autopistas del Sol (AUSOL) y Grupo Concesionario Oeste no habían cumplido con sus obligaciones y reclamaban deudas millonarias.

En el mismo expediente se analiza un contrato de concesión del Acceso Oeste firmado durante del gobierno de Cambiemos.
En ambos casos, los hechos denunciados se iniciaron “formalmente” con una resolución de la Dirección de Vialidad Nacional durante la gestión de Iguacel en 2016 y culminaron con la firma de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional en 2018.
Las indagatorias, que también alcanzan al ex jefe de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional Ricardo Stoddart y el presidente ejecutivo de Ausol Andres Barberis, se realizarán por videoconferencia en fechas a confirmar a raíz de las medidas dispuestas para evitar la propagación del coronavirus.
A todos los citados a indagatorias se les impuso, además, la prohibición de salir del país.
La causa se inició con una denuncia presentada por los diputados Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau quienes relataron que para concretar la negociación irregular se montó un escenario que incluyó dos reclamos de la empresa española Abertis (vinculada con Ausol) ante el tribunal de arbitraje internacional CIADI exigiendo valores millonarios en dólares por atrasos tarifarios.
La denuncia ante el CIADI fue presentada días antes de que Macri asumiera la presidencia de la Nación en 2015 y retirada años después, sin mayor trámite, cuando el gobierno de aquel entonces acordó extender las concesiones a Ausol y a Grupo Concesionario Oeste hasta el 2030, lo que implicó reconocerle a la primera de las firmas una supuesta de deuda de 500 millones de dólares por parte del Estado.
La relación del ex presidente Macri con Ausol fue formalmente reconocida cuando la ex vicepresidenta Gabriela Michcetti debió firmar el decreto de la prórroga de la concesión, para evitar eventuales conflictos de interés, por recomendación de la entonces jefa de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso.