En el primer día luego de la feria de enero, la Corte Suprema de Justicia acordó un incremento salarial del doce y medio por ciento retroactivo al mes de diciembre para todas las categorías del escalafón del Poder Judicial de la Nación.
El aumento en cuestión se concretó a través de la Acordada 01/2024, que llevó la firma de los ministros Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda y del administrador judicial Damián Font.
De acuerdo al comunicado emitido este jueves, el Máximo Tribunal tomó esta decisión “con el propósito de mantener el poder adquisitivo de los sueldos de todas las categorías del escalafón del Poder Judicial de la Nación respecto a la inflación”. A su vez se dejó constancia de que el aumento se materializó por medio de “las atribuciones legales conferidas en el artículo 7mo. de la Ley 23.853″ y “como parte de la política salarial del año 2023″.
“Que se ha solicitado a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación la modificación de las partidas presupuestarias vigentes y la disposición de los recursos financieros necesarios para afrontar el correspondiente incremento”, aclaró el documento.
La liquidación y el pago del incremento salarial del doce y medio por ciento aplicable a partir del primero de diciembre de 2023 será “remunerativo y bonificable” y abarcará a “todas las categorías del escalafón del Poder Judicial de la Nación”. El último aumento de esta clase había sido ordenado en noviembre del año pasado.
En efecto, durante 2023 existieron algunas tensiones entre el Máximo Tribunal y la Jefatura de Gabinete encabezada entonces por Agustín Rossi. Y es que la Corte, con el fin de concretar nuevos aumentos salariales para los empleados judiciales, llevó a cabo una serie de reclamos para recibir nuevas partidas presupuestarias por parte del ex compañero de fórmula presidencial de Sergio Massa, quien en un principio se negó a remitirlas en virtud de la crisis económica producto de “la sequía, la situación crítica que atraviesa el Tesoro Nacional en el escenario mundial y el contexto macroeconómico imperante”.
En una de las misivas enviadas al gobierno en reclamo de “una urgente respuesta”, en septiembre del año pasado, la Corte resaltó que “la dilación u omisión de respuesta compromete la independencia del Poder Judicial en tanto afecta la intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados (...) y amenaza el normal funcionamiento del servicio de justicia”.
Por otra parte, la ley 23.853 citada en la nueva Acordada para definir el incremento de los salarios fue sancionada en 1990 y pone a cargo del Máximo Tribunal la confección del “Presupuesto de Gastos y Recursos del Poder Judicial”, que luego debe enviarse al Poder Ejecutivo Nacional para su incorporación al “Presupuesto General de la Administración Nacional” que se debate de forma anual en el Congreso.
En rigor, el artículo 7° precisa que “Las remuneraciones de magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación serán establecidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, manteniendo un sistema salarial que tome como referencia lo que en todo concepto perciba un ministro de la Corte, asegurando garantías constitucionales y disposiciones legales vigentes”.

Bajo ese marco, el artículo 4° autoriza al Poder Ejecutivo Nacional para incorporar “modificaciones en las erogaciones del Poder Judicial de la Nación en la medida que sean producto de modificaciones en la estimación de los recursos que la financian”. Según la misma cláusula, esos cambios también pueden efectuarse “a requerimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme lo establezca la reglamentación”.