El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) confirmó el fallo por el que el empresario Juan Lascurain, Matías Mazú, Atanacio Pérez Osuna, Miguel Larregina y Juan Vargas deben reintegran los fondos del Estado por la ruta que cobraron pero no hicieron. El tribunal ordenó a los imputados devolver US$ 5 millones como compensación por los fondos que fueron sustraídos. La medida adoptada por la justicia es inédita y busca reparar los daños ocasionados por la corrupción.
La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo que condenó a Juan Lascurain, empresario kirchnerista titular de Fainser S.A a cuatro años de prisión y a la devolución del dinero que recibieron como anticipo para hacer la obra de la "Avenida YPF" en Río Turbio, obra que nunca se hizo.
Además, los jueces determinaron la inhabilitación absoluta de Lascurain, el ex interventor de Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) Atanacio Pérez Pérez Ozuna, los ex funcionarios Miguel Larreguina y Juan Vargas y el ex intendente de esa ciudad Horacio Mazú para ejercer cargos públicos, además de la devolución del dinero del Estado más intereses.
La condena se basa fundamentalmente en la entrega ilegal de un anticipo financiero de 50 millones de pesos a FAINSER un día antes del cambio de gobierno el 9 de diciembre del 2015 sobre un contrato cuyo costo total ascendía a 494 millones de pesos.
Durante el juicio se probó que los condenados realizaron maniobras ilícitas para cambiar el contrato de obra y apresurar el pago del anticipo de obra por 50 millones de pesos.
“Resulta ejemplar que la justicia, aunque con cierta demora, condene a los funcionarios del Estado y a sus cómplices no solo a una pena de prisión sino también a devolver los dineros públicos de los que se adueñaron. De ahora en más esperemos que la justicia tome nota y aplique este tipo de fallos a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, comentó la Legisladora Reyes.
Este proyecto estuvo minado de irregularidades, entre ellas que la adjudicación fue concretada a pesar de que Fainser S.A no se encontraba formalmente inscripta en el Registro de Proveedores Provinciales de Santa Cruz, carecía de experiencia en la construcción de rutas y no se presentaba con suficiente solvencia en sus balances para afrontar una obra de 500 millones de pesos.
“Esta es una sentencia inédita en cuyo texto se destaca que por no haber realizado la obra referida que generaba condiciones de seguridad vial se produjeron muchos accidentes algunos de ellos fatales. Es hora de que se tome conciencia que los recursos que se robaron estos funcionarios inescrupulosos a quienes la gente les confió el manejo de fondos, termina teniendo víctimas directas e indirectas”, destacó.
Finalmente la legisladora hizo referencia especial a uno de los condenados por esta sentencia ejemplar el electo diputado Provincial Matías Mazú. "Resulta perverso que quien tiene sentencia de segunda instancia por manejo indebido de fondos públicos hoy se prepare para asumir una banca, siendo fundamental por ello avanzar en el tratamiento de una Ley que impida a estos corruptos presentar candidaturas a cargos públicos para luego ampararse en los fueros evitando ir presos", finalizó Reyes.
