Bajo las directivas del Ministerio de Seguridad Nacional en lo referente a la lucha contra el crimen organizado en todo el país, agentes de Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una banda dedicada al desvío de armas de fuego al mercado ilegal, las cuales eran compradas mediante el uso de “testaferros”, para luego ser vendidas a organizaciones criminales que operan en nuestro país y en otros limítrofes, como Chile y Uruguay.
La investigación, que tuvo dos años de desarrollo, fue llevada a cabo por detectives del Departamento Investigaciones Antimafia perteneciente a la Superintendencia de Investigaciones Federales de esta Institución, por disposición del Juzgado Nacional de Primera Instancia de Campana, a cargo del Dr. Adrián González Charvay, Secretaría Penal N°2 a cargo del Dr. Agustín Andrés Ocampo y en coordinación con la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), a cargo del Dr. Santiago Marquevich.
El inicio de la causa se produce a raíz de la denuncia formulada por el RENAR, con relación a la existencia de una organización dedicada a adquirir armas de fuego en forma presuntamente lícita en el mercado legal, para luego comercializarlas en el mercado negro.
Luego de diversas tareas de campo y de inteligencia criminal, se estableció que los sujetos organizadores de las maniobras ilícitas utilizaban testaferros para adquirir principalmente pistolas semiautomáticas de diversas marcas y calibres, entre ellas Bersa, Glock y Taurus, en significativas cantidades y escaso período de tiempo, en muchos casos sin capacidad económica sustentable para ello, generando así la sospecha de ser acciones fraudulentas. Por ello y como resultado del análisis de información obtenida, se detectó también la posible vinculación en el entramado de armerías dedicadas a este negocio específico, como también gestores de tales tipos de trámite.
De esta manera, organización al apoderarse de esa forma de las armas, luego las introducía en el mercado negro, inclusive limando sus numeraciones y transportándolas en contrabando hacia países limítrofes como por ejemplo Chile y Uruguay, recaudando grandes cantidades de dinero en efectivo que luego invertían en compras de bienes mueble e inmuebles, configurando una importante red de lavado de activos.
Las pesquisas realizadas por los efectivos federales revelaron la estructura de la organización, que se encontraba conformada por personas que de acuerdo a sus cargos y funciones cumplimentaban distintos roles, tratándose de ex empleados de RENAR (expulsados por la actual gestión), quienes utilizaban sus recursos para facilitar la diligencia de los trámites de compra y transferencia de armamento en los participaban los “testaferros” individualizados.
COMO ESTABA CONFORMADA LA BANDA
Dicha organización poseía:
- Responsables de armerías y mandatarios, cuyos comercios a su cargo centralizaban gran parte de las compras producidas, participando a su vez en la gestoría de transferencias de armas internas entre los prestanombres.
- Gestores e instructores de tiro, quienes certificaban los tramites aludidos a cambio de un resarcimiento económico, brindando bajo dicha condición los servicios de aptos médicos y psicológico de los usuarios irregulares.
- Usuarios irregulares registrados en RENAR, también denominados “testaferros”. De este último apartado, se pudo detectar un grupo que se encargaba de reclutar personas de bajos recursos económicos, para que a cambio de una suma de dinero presten sus datos para crear un usuario habilitado en RENAR (participando allí gran parte de la estructura en la confección del trámite), el cual luego utilizarían para la compra de armas en cantidad y repetitivas en cuanto a marca y modelo (evidenciando aún más la maniobra), las cuales luego mediante distintos contactos se encargarían de adulterar o suprimir los números de serie y vendarlas en el mercado negro, siendo algunas de ellas secuestradas tiempo después en hechos de sangre y otros procedimientos producidos tanto en Argentina, como en países limítrofes.
Con el total de las pruebas recabadas, el magistrado interventor ordenó la realización de 140 allanamientos en las Provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, San Luis, Mendoza, Corrientes, Misiones, de Neuquén, Chubut, Salta, Tierra del Fuego y una orden de presentación en el ámbito de Ciudad de Buenos Aires.
Durante los allanamientos, fueron detenidos 35 integrantes de la organización delictiva, conformada por cuatro mujeres y treinta y un hombres. Asimismo, se secuestraron 25 escopetas calibre 12,70mm, 55 pistolas calibres 9mm, 45mm, y 22mm, 17 revólveres calibres 38mm, 357mm y 32mm, 7 fusiles calibre 308mm, 8 ametralladoras calibre 9mm, 5 carabinas calibre 22mm, 3 pistolones, 32 cargadores de diferentes calibres, 1 máquina de recarga, 43.100 municiones de diferentes calibres, 2 cañones de pistola, 1 granada mk2, 2 cuñetes de pólvora, 10 teléfonos celulares y varios gramos de cocaína “tusi” y marihuana.
Tanto los detenidos como los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor. Además, efectuada la consulta con el magistrado en lo que respecta a los detenidos, el mismo dispuso que los hombres sean remitidos a la Alcaidía Madariaga, mientras que las mujeres a la Alcaidía Cavia, para continuar con las medidas procesales de rigor.
