La campaña de Javier Milei sobre que el shock de ajuste lo pagaría “la casta” se topa de bruces con el impacto de su primer paquete de medidas en el deterioro del poder adquisitivo de los ingresos, la caída del consumo y el parate de la actividad productiva que pone en jaque el sostenimiento de los empleos. Aunque por el lado de las cuentas públicas, los primeros datos de su gestión también dejan entrever que los sectores más necesitados cargan con una porción considerable del peso de los recortes: licuadora y motosierra mediante, el llamado "gasto social" se hundió en diciembre y la tendencia continúa en el inicio del año.

El Grupo de Estudios de la Realidad Económica y Social (GERES) calculó, en base a los datos oficiales, que el paquete de partidas que componen el denominado gasto social cayó 22,6% interanual en términos reales. El desplome marcó un fuerte deterioro respecto de los meses previos, en los que se alternaban subas y bajas más acotadas. El dato incluye las partidas destinadas a jubilaciones y pensiones contributivas, asignaciones familiares y por hijo, pensiones no contributivas, prestaciones del PAMI, Potenciar Trabajo y Tarjeta Alimentar, entre otros.


En el desglose hecho por GERES, la mayor caída se dio en pensiones no contributivas, con un recorte del 36,4% real; asignaciones familiares, AUH y AUE, con el 31,2%; y jubilaciones y pensiones contributivas, con el 23,9%. En PAMI, el ajuste fue del 5,1%. En el resto de los programas (Potenciar Trabajo, política alimentaria, bono para jubilados, etcétera) fue del 16,6%.
Es cierto que antes del recambio presidencial el gasto social ya mostraba una contracción en términos reales y que Milei no gobernó durante todo diciembre, pero la megadevaluación y su impacto inflacionario (sin compensación con nuevas partidas) hicieron que la licuación se acelerara abruptamente.

“En el acumulado enero-noviembre, considerando los datos base caja (los pagos efectivamente realizados), ya se registraba una caída promedio del gasto social de 4,5% real respecto de igual período de 2022. Pero en diciembre se intensificó notablemente el ajuste, con un recorte del 22,6%”, señaló Tomás Páez, economista de GERES, en diálogo con Ámbito. El analista explicó que la última ampliación presupuestaria del gobierno anterior (del 1° de diciembre) ya era insuficiente para evitar una caída en términos reales, pero aclaró: “En el marco del fogonazo inflacionario, la gestión actual podría haber ampliado las partidas correspondientes, pero uno de sus objetivos primordiales consiste justamente, sin dudas, en la licuación del gasto por la vía inflacionaria”.
Gasto social: el ajuste por venir
Esa foto de diciembre, que no contempla el deterioro de los salarios ni la quita de subsidios a las tarifas en hogares de ingresos medios y altos, aparece como un anticipo de la película que el equipo económico guiona para este año. Sin ir más lejos, en su primer anuncio como ministro, Luis Caputo ya había anticipado un recorte de 0,4% del PBI en jubilaciones y pensiones para este año de cara a la meta de déficit financiero 0%. Para los programas sociales (como el Potenciar Trabajo), se planteó un recorte de la misma magnitud a partir del congelamiento de las partidas en un contexto de inflación que viaja por encima del 200% anual, con la prórroga del Presupuesto 2023 como herramienta. Las únicas excepciones fueron la duplicación del monto de la AUH en enero y la Tarjeta Alimentar en febrero.
El gasto previsional ya experimenta una profundización del ajuste en el inicio del año. Con bonos congelados en los mismos $55.000 de diciembre y una inflación disparada que no impactará en el aumento por fórmula de movilidad de marzo, en el primer trimestre un jubilado de la mínima con bono perderá 32% real respecto del mismo período de 2023, según un cálculo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). Lo que suceda a partir del segundo trimestre dependerá de si el Gobierno hace un nuevo intento por suspender o modificar la fórmula, luego de que retirara este punto del proyecto de ley ómnibus.
Los jubilados y pensionado vienen de años de deterioro, luego del desplome de los haberes durante el mandato de Mauricio Macri que lejos estuvo de recuperarse en el de Alberto Fernández. Según cálculos de GERES, en 2023 el haber mínimo con bonos se ubicó en promedio 16,4% por debajo del nivel de 2017 y el haber sin refuerzos fue 38,7% menor. “Comparando los meses de diciembre de ambos años, la caída se eleva a 21,7% y 50,9%” respectivamente, destacaron desde el grupo de estudios.
Otro ítem que golpea directo en los hogares más afectados por la crisis es el de la asistencia a los comedores populares a los que asisten más de 10 millones de personas. Se trata de una partida que el Ministerio de Capital Humano directamente mantuvo en cero en el primer mes del año tras el anuncio de que el Gobierno cambiaría el sistema en la asignación de fondos, tal como se desprende desprende de los datos de Presupuesto Ciudadano. La semana pasada, la respuesta de la ministra Sandra Pettovello fue que no recibiría a los representantes de las organizaciones, sino que atendería “uno por uno a la gente que tenga hambre”. Este lunes hubo 20 cuadras de cola desde la puerta del edificio de Pellegrini y Juncal en el que tiene su despacho hasta casi la avenida Belgrano. Pettovello no los recibió y el dirigente Juan Grabois la denunció penalmente por “no disponer la entrega de alimentos en comedores barriales y comunitarios” e incumplir sus deberes “como ministra con competencia directa en el tema”.
“El primer anuncio de Caputo ya hacía prever que iba a aumentar la inflación rápidamente sin que hubiera medidas de contención social equiparables. Solo un leve aumento para la Tarjeta Alimentar y AUH. Por eso, entre menores pagos de jubilaciones, salarios del sector público y planes sociales en términos reales, está ajustando parte de lo que pretende ahorrar para este año”, dijo Martín Kalos, director de Epyca Consultores, en diálogo con Ámbito.
Y concluyó: “Esto habla de dónde el Gobierno encuentra espacio para reducir gasto sin tocar otros intereses. Porque hay algunos programas de promoción económica a sectores específicos que no son alterados peses a que podrían modificarse por decreto reglamentario, es decir que no tendrían los problemas de legalidad que tienen tanto el DNU como la Ley Bases, pero no los han tocado. A fin de cuentas, el ajuste a la ‘casta’ es un ajuste ortodoxo a los trabajadores, con una lógica populista de derecha que sirvió para la campaña pero que posiblemente tenga patas cortas porque ya en los próximos meses se va a ver que el ajuste recae en la mayoría de la población”.