El Poder Ejecutivo Nacional creó, a través del DNU 795, publicado este viernes en el Boletín Oficial, la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados. Lo hizo en reemplazo del Programa que funcionaba en el ámbito del Ministerio de Justicia, destinado a preservar la seguridad de testigos e imputados que estuvieran potencialmente en peligro, tras haber colaborado de "un modo trascendente y eficiente" en una investigación de la justicia federal.


El decreto señala que "se ha vuelto necesario efectuar un reordenamiento institucional orientado a fortalecer su accionar" independiente. Para ello crea la Agencia, que será "un ente autárquico dotado de autonomía funcional, que actuará en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos".
La Agencia supone además la creación de un Consejo Consultivo y, dado que los ingresos de testigos se concretan por orden de la justicia federal, se invita a presidirlo al Presidente de la Cámara de Casación Penal, tribunal superior del fuero.
La norma suma también al Consejo al Procurador General de la Nación, jefe de los fiscales; al Secretario de Seguridad; o a un representante del Ministerio.


El Director Nacional de la nueva Agencia será escogido por el Consejo Consultivo, que elevará un nombre al Ministerio de Justicia para que el Poder Ejecutivo lo designe. El Director tendrá autonomía de gestión y facultades para lograr los objetivos de la Agencia. Con ese fin, recibirá el personal y todos los bienes que pertenecían al Programa de protección a Testigos e Imputados.

Mientras se aceita el funcionamiento de la nueva Agencia, continuarán a cargo el Director y los funcionarios del Programa.

El Ejecutivo justificó el dictado de un Decreto de Necesidad y Urgencia ( DNU) en que la necesidad de preservar la vida y la integridad de los involucrados "hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional". En 10 días, la Comisión Bicameral del Congreso que revisa los DNU, se expedirá sobre la validez de este decreto.