La Corte Suprema condenó este martes a la provincia de Buenos Aires a indemnizar con más de $ 400 millones más intereses a la viuda del gerente de la sucursal del Banco Nación en Ramallo que fue asesinado durante un intento de asalto con toma de rehenes ocurrido en 1999, un episodio conocido como la masacre de Ramallo.
La Corte Suprema, con las firmas de Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y la conjueza Rocío Alcalá, dispuso "hacer lugar a la demanda seguida por Flora Beatriz Lacave", viuda del gerente de la sucursal del Banco Nación Carlos Chaves.


A casi 25 años de la Masacre de Ramallo, el resarcimiento rondará los $ 407.082.000, más intereses a computar desde el año 2005. El dinero también irá a los cuatro hijos de la pareja: Beatriz, Cecilia, Daniela y Carlos Gabriel.
Cómo fue la Masacre de Ramallo
El 17 de septiembre de 1999 tres ladrones entraron a la sucursal del Banco de la Nación en Ramallo, provincia de Buenos Aires, para robar efectivo y escapar sin problemas. Pero nada salió como lo tenían previsto.
Después de 20 horas de toma de rehenes, y tras una larga negociación, dos de los ladrones salieron de la entidad financiera en un auto usando a tres rehenes como escudos humanos, entre ellos el gerente de la sucursal y su mujer, ahora indemnizada.
Apenas los vieron en la calle, los efectivos de la Policía bonaerense apostados frente al banco dispararon más de 150 balas contra el vehículo aún sabiendo que viajaban tres rehenes, incluido Chaves, que conducía el vehículo con un pan de trotyl (explosivos) atado a su cuello.
Flora Beatriz Lacave tuvo que ver cómo explotaban los explosivos alrededor del cuello de su esposo y cómo quedó su cuerpo acribillado dentro del auto donde también murieron dos asaltantes y otro rehén.
Además de Lacave sobrevivió el otro delincuente que iba en el auto.
El asaltante que se quedó adentro de la sucursal bancaria, Martín Saldaña, fue detenido en el acto pero al día siguiente apareció ahorcado en su celda. La explicación oficial fue que se quitó la vida, pero nunca se esclareció cómo ni porqué.
Siete policías que participaron en aquel operativo fueron condenados a penas de entre dos y 20 años de prisión, pero quedaba pendiente el juicio civil iniciado por Lacave.
La Corte Suprema intervino inicialmente como competencia originaria en 2001, pero luego cabildeó sobre cuestiones de competencia y debió recurrir a una conjueza porque los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti postulaban un resarcimiento muy inferior, de $ 220 millones.
A partir del fallo de este martes la provincia de Buenos Aires y dos de los policías responsables de los hechos deberán pagar el resarcimiento en un lapso de 30 días, según dispuso la Justicia.