Las cuatro entidades que integran la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) —CRA, SRA, FAA y Coninagro— manifestaron su "profunda preocupación y desacuerdo" ante el rechazo en el Senado del proyecto de ley conocido como Ficha Limpia, que proponía impedir que personas con condenas por corrupción accedan a cargos electivos.
A través de un comunicado conjunto, los ruralistas consideraron que se trató de "una oportunidad perdida para fortalecer la ética pública", y remarcaron que “la política debe regirse por principios éticos inquebrantables y estar al servicio de la sociedad”.

"El acceso a cargos públicos no puede ser un refugio para quienes han sido condenados por actos que atentan contra el interés común, la transparencia o el buen uso de los recursos públicos", afirmaron, en una postura crítica que refleja el creciente malestar social frente a los escándalos de corrupción.
Para las entidades del agro, la caída del proyecto "debilita la confianza en las instituciones" y "erosiona los valores democráticos" que sostienen la convivencia social. Aseguraron que "no puede haber desarrollo económico ni progreso social sin una base institucional sólida y confiable".
Por su parte, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) fue aún más enfática y expresó su "más profundo repudio a los desagradables juegos políticos que, de espaldas a la gente, impiden mejorar la calidad política e institucional".
"Por mezquinos y malintencionados intereses hicieron caer el proyecto. La política seguirá sin ser depurada de corrupción y antecedentes penales", sentenció la entidad, que además alertó sobre el desaliento que esta decisión genera en quienes aún creen en una Argentina mejor.
Desde el interior del país también hubo eco. La Sociedad Rural de Río Cuarto, en Córdoba, calificó la votación como “un nuevo papelón de la clase política” y lamentó que haya faltado tan solo una adhesión para que la iniciativa se convirtiera en ley.
El proyecto de Ficha Limpia no alcanzó los 37 votos necesarios en la Cámara Alta para su aprobación definitiva. Para el sector agropecuario, el rechazo fue un retroceso ético e institucional en momentos en los que la ciudadanía demanda mayor integridad de sus representantes.