La querella pidió el apartamiento de los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia luego de que la Cámara Federal resolviera una “queja” de José Torello, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y el propio ex presidente Mauricio Macri en la que acotó el período de análisis sobre sus llamadas telefónicas.


Según publicó Gabriel Morini en ámbito.com, los acusaron de haber cometido una “ilegalidad” en el proceso por apurarse a resolver el planteo de los imputados de nulidad de la medida de prueba sobre sus llamados, ordenada por la jueza María Servini.
Al presidente de la Cámara se le agregó como causal los posibles vínculos que podría tener con Rodríguez Simón, quien sería uno de los operadores judiciales durante el macrismo, luego de que se conociera un foto de ambos tomando un cafe.
El abogado Carlos Beraldi, en representante del accionista del Grupo Indalo Fabián De Sousa, también presentó un recurso de Casación para dejar sin efecto lo que resolvió la Sala II. Solicitaron que se revoque el fallo y que no se limite a Servini en el pedido de informes de llamados entrantes y salientes, contactos frecuentes e impacto de antenas que había ordenado el 6 de julio.
La Cámara no le negó a la jueza la chance de hacer el entrecruzamiento pero dispuso que se limite temporalmente el análisis, y que se eliminen las pruebas que puedan hallar que no estén relacionadas al objeto de la causa, que se apoya en la persecución del Grupo Indalo y la petrolera Oil Combustibles con el objetivo de apoderarse de los activos.
En tanto, Servini debió pedirle a la Dajudeco que le envíe sus hallazgos con el objetivo de destruirlos y ahora se desconoce si hubo algún dato surgido de ese análisis que obligó a apurar la decisión de restringir la pericia antes de la semana que viene. Con la recusación, se suspendió además la audiencia que había sido fijada para el 12.
Por otro lado, el fiscal Guillermo Marijuan había pedido la indagatoria del ex titular de AFIP Alberto Abad. Los acusados intentaron llegar a la Cámara por dos vías: pidiendo la nulidad de lo dispuesto por Servini y además “apelando” su decisión, algo que no debiera haber prosperado precisamente porque no es posible cuestionar o elegir qué pruebas se solicitan para investigar un delito. Irurzun y Bruglia fallaron sobre el fondo de la cuestión.
Para Beraldi transgredieron el artículo 478 del Código Procesal Penal, corriendo no solo a las querellas, sino también a Marijuan de la chance de argumentar en el caso. Tampoco notificaron a nadie de lo resuelto .Calificó de “arbitrariedad e ilegalidad” al violentar el procedimiento, excluyendo a las partes y “prejuzgando” y sostuvo que “Inclinaron la balanza a favor de Macri”.