El exapoderado de la financiera S.G.I, conocida como “La Rosadita”, Fabián Rossi, fue el primero de seis de los condenados en la causa conocida como “La Ruta del dinero K” en presentarse en los tribunales federales de Comodoro Py para quedar detenido. Los siguientes fueron Eduardo Castro, que fue apoderado de empresas usados para el lavado de dinero, César Fernández y Carlos Molinari. No se presentaron en los tribunales Julio Mendoza, que está internado por una “descompensación” ni Juan Alberto De Rasis, que está de viaje.
La orden fue a partir del fallo de la Corte Suprema de la semana pasada, que confirmó las sentencias por el delito de lavado de dinero. La medida fue pedida por el fiscal, Abel Córdoba. Los condenados serán detenidos y luego alojados en una unidad del Servicio Penitenciario Federal. Ninguno de ellos estuvo preso antes.
Rossi fue trasladado a la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal (PFA), en la ciudad de Buenos Aires, donde en principio se quedará alojado durante algunos días. Allí se lo revisará para tratar de determinar el grado de sus problemas de salud. A partir de esa verificación, la Justicia definirá si accede al pedido de sus abogados de otorgarle el arresto domiciliario.
El juzgado igualmente debe ahora analizar la situación de cada uno, ya que varios de ellos presentaron certificados médicos para cumplir la condena bajo el esquema de prisión domiciliaria. Algunos tienen más de 70 años, lo que habilita a la Justicia a otorgarles el beneficio.
El juez, Néstor Costabel, integrante del Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 4, que estuvo a cargo del juicio, notificó a los condenados a que se presenten hoy a las 10:30 “para hacer efectivas sus detenciones”.
Entre las sentencias confirmadas está la del principal condenado, el empresario K Lázaro Báez, que actualmente cumple prisión domiciliaria a partir de una condena por lavado de dinero por la compra del campo “El Entrevero”.
Los condenados recibieron penas de prisión por tener distintos grados de participación en la maniobra que permitió a Báez lavar 55 millones de dólares a través de la financiera S.G.I, conocida como “La Rosadita”.
