El salario de los docentes se convertirá, en breve, en el nuevo frente de conflicto del Gobierno de Javier Milei con los gobernadores provinciales tras el primer golpe, que fuer la quita de subsidios a los colectivos, en el marco de la política de ajuste de las transferencias discrecionales, que se pretenden llevar a cero este año.

El Fondo de Incentivo, que actúa como un complemento de los ingresos de los maestros, está caído desde el primero de enero de este año y el gobierno no da señales de querer renovarlo.

Algunos gobernadores, como el bonaerense Axel Kicillof, y Arabella Carreras, de Río Negro, ya están poniendo el grito en el cielo, advirtiendo que si no se renueva la ayuda no van a seguir pagando la misma con fondos propios.
El Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) fue creado en 1998, en el marco de una disputa por los salarios que mantuvo el entonces presidente Carlos Menem con la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).
Quién define los salarios docentes
Como los servicios de educación ya estaban transferidos a las provincias y, por lógica, el gobierno nacional no tiene injerencia en los salarios, se ideó el FONID con un impuesto de asignación específica a los autos de u$s4.000 de valor. Con ello se procuraba igualar salarios a nivel nacional. Se buscaba juntar 600 millones de dólares
El fondo y el impuesto nacieron de manera transitoria, por 5 años. De ellos, el impuesto a los autos pasó a ser el único gravamen creado de manera transitoria que respetó esa característica. Hoy el tributo no rige, pero el FONID se fue prorrogando por decreto año a año y se financió con recursos del presupuesto.
La última renovación fue el primero de enero de 2022, por el espacio de dos años. Lo que implica que el 1ro de enero de 2024 se terminó la vigencia del FONID. Sin un decreto que mantenga vigente esa ayuda, el 2023 fue el último año.
La mirada de los consultores
Según señala Alejandro Pegoraro, titular de la consultora Politikon Chaco, el año pasado el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) registró gastos devengados por $332.800 millones pero de los cuales se pagaron unos $290.000 millones. Quedaron el año pasado unos $42.500 millones pendientes de pago.
En enero, se devengaron solamente unos $56.000 millones, señala un reporte de la consultora, pero se pagaron solo $12 millones. Según indican expertos en la materia, el dinero que está pendiente de pago a las provincias corresponden a atrás de noviembre y diciembre. Ahora el gobierno debe a las provincias importes del 2do y 3er trimestre de 2023.
Por ello, en un contexto en el que diálogo está totalmente roto del gobierno nacional con las provincias, se cree el presidente Javier Milei, no emita el decreto para renovar el fondo, cuyo adicional de los salarios quedará entonces a cargo de los gobernadores si lo pueden mantener.
Mario Perna, ex ministro de Educación de Catamarca, advirtió respecto del FONID que “su caída es una crónica anunciada y antesala de un grave conflicto educativo”.
“Lejos de impulsar mejoras para el sector docente, asistimos a días del inicio del ciclo lectivo a un menosprecio de la política hacia uno de los actores del sistema”, señaló Perna en la red social X.
Flavio Buccino, especialista en educación, señala que la caída del FONID es “la punta de la nacionalización de un conflicto salarial que impacta en 1 millón de maestros”.
Alberto Fernández y el FONID
Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, recuerda que “en 1999, a través de la Ley 25.053 se creó el FONID y el impuesto que se debía pagar sobre los automotores, cuyo costo de mercado superaba los $4.000, motocicletas y motos de más de doscientos 200 centímetros cúbicos de cilindrada, embarcaciones y aeronaves, registrados o radicados en el territorio nacional”.
El tributarista señaló que la alícuota del impuesto era del 1% del 1,5%, según el caso, pero el Congreso lo derogó a partir del primero de enero de 2000.
“El Gobierno de Alberto Fernández intentó volver a aplicarlo durante el año 2021. Con ese objetivo, incluyó un artículo en el proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2021 y lo restableció por 1 año. Si bien la vigencia fue restablecida, nunca se implementó la reglamentación, ni la exigencia del pago del impuesto por ese período”, señaló Domínguez.