En un desarrollo significativo relacionado con la muerte de Mauro Daniel González, un hombre de 35 años, se han detenido a seis policías de la Policía de Santa Fe en la ciudad de Santa Fe. Esta acción fue dispuesta por la Unidad Fiscal de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación, liderada por el fiscal Ezequiel Hernández.
De los seis agentes aprehendidos, cinco pertenecen al Comando Radioeléctrico y uno al Cuerpo Guardia de Infantería. Todos ellos serán presentados este viernes en una audiencia imputativa, donde se les atribuirán los delitos correspondientes y se expondrán las pruebas reunidas durante la investigación.

El incidente que llevó a la muerte de González ocurrió el 17 de enero, cuando fue aprehendido frente a su vivienda en el barrio Yapeyú tras un llamado al 911 por un presunto desorden. La familia sostiene que este procedimiento involucró un uso excesivo de la fuerza y representa un claro caso de violencia institucional.
La investigación ha recabado testimonios de varios testigos que afirman haber presenciado agresiones contra González durante su arresto. Además, se han incorporado registros de cámaras de seguridad, así como imágenes y videos proporcionados por vecinos, que son cruciales para reconstruir los acontecimientos del operativo.
Tras ser arrestado, González fue trasladado a diferentes dependencias policiales y examinado por un médico, quien documentó lesiones que requerían varios días de recuperación. Posteriormente, fue alojado en un calabozo de la Comisaría 8ª, que forma parte de la Unidad Regional I La Capital.


Un aspecto fundamental de la investigación es que, según el expediente, el fiscal que inicialmente intervino había ordenado su liberación alrededor de las 22:40 del 17 de enero, pero esta disposición no se llevó a cabo. Horas después, cuando se disponían a notificarle su libertad, fue hallado sin vida en la celda.
Tras su fallecimiento, el caso fue transferido de la Fiscalía de Homicidios a la Unidad Fiscal de Violencia Institucional, que ha ordenado la aplicación del Protocolo de Minnesota, un procedimiento internacional para investigar muertes ocurridas bajo custodia del Estado. La familia de González, representada como querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, exige que se investiguen todas las circunstancias que rodearon su muerte, incluyendo la aprehensión, el traslado y la atención médica recibida.