El diputado nacional Guillermo Michel, de Unión por la Patria, presentó un proyecto de ley para que el Poder Ejecutivo retire los beneficios fiscales que reciben las empresas chilenas que operan en la Argentina. La propuesta surgió tras el anuncio de una nueva ruta comercial marítima entre Punta Arenas y las Islas Malvinas, destinada a abastecer a los habitantes del archipiélago.
La iniciativa apunta a que el Gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, denuncie formalmente dos acuerdos bilaterales que otorgan condiciones impositivas favorables a las compañías chilenas con inversiones o rentas en territorio argentino.


El planteo está vinculado con la reanudación del servicio comercial entre la ciudad chilena y Puerto Argentino, cuya operación estará a cargo del buque Danstar, de bandera chilena y propiedad de la naviera Easter Island Naviera.
“El retorno de esa ruta, con la primera navegación del buque Danstar, es una muestra concreta de la falta de solidaridad de Chile con la causa Malvinas”, sostuvo Michel al fundamentar su propuesta.
Qué acuerdos busca dejar sin efecto
El proyecto solicita denunciar dos instrumentos legales vigentes entre la Argentina y Chile. El primero es el Tratado sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones, aprobado por la Ley 24.342.


El segundo es el convenio para eliminar la doble imposición sobre la renta y el patrimonio y prevenir la evasión y elusión fiscal, aprobado por la Ley 27.274.
Según los fundamentos de la iniciativa, ambos acuerdos establecen condiciones tributarias que benefician a empresas chilenas que invierten u obtienen ingresos en la Argentina. Entre ellas, figuran límites a las retenciones impositivas aplicables a pagos de dividendos, intereses y regalías.
La denuncia de estos instrumentos implicaría iniciar formalmente el proceso de retiro de la Argentina de esos acuerdos, con las consecuencias tributarias que correspondan una vez que la medida entre en vigor. El planteo no supone, por sí mismo, una ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países.
El reclamo por la soberanía de Malvinas
En los fundamentos del proyecto, Michel remarcó que la Argentina mantiene una disputa de soberanía con el Reino Unido por las Islas Malvinas, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
El legislador cuestionó que empresas de otros países participen en actividades económicas y presten servicios logísticos vinculados con el archipiélago, mientras la Argentina sostiene su reclamo de soberanía.
“Nuestro país debe sostener la defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas, su territorio y recursos naturales. Además, no puede soslayar el accionar de países que se dicen hermanos, pero que prestan colaboración logística al accionar ilegal de empresas en ese territorio argentino”, expresó.
En ese sentido, el diputado vinculó su iniciativa con la legislación argentina que establece prohibiciones y sanciones para quienes realicen actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin autorización, contempladas en las leyes 26.659 y 26.915.
La propuesta busca extender esa posición al ámbito económico y tributario, mediante una revisión de los acuerdos que regulan las relaciones comerciales con Chile.
Michel aclaró que no busca romper las relaciones con Chile
El diputado defendió la iniciativa como una forma de trasladar el reclamo argentino por Malvinas al terreno de las relaciones económicas, aunque aclaró que su objetivo no es interrumpir el diálogo bilateral.
“Si Chile decide hacer negocios de manera ilegal en Malvinas, no puede tener de parte de la Argentina beneficios económicos y fiscales por sus inversiones en nuestro país. Tienen que decidirse”, manifestó.
Y agregó: “El planteo es razonable, no se busca romper el diálogo ni las relaciones diplomáticas. Pero tampoco nuestro país puede mantener ventajas económicas y fiscales a Chile si sigue yendo en contra de la causa Malvinas”.
La iniciativa deberá avanzar en el ámbito legislativo y, en caso de prosperar, requerirá la intervención del Poder Ejecutivo para concretar la denuncia de los acuerdos. Por el momento, se trata de un proyecto y no de una medida que haya eliminado los beneficios fiscales vigentes.