Tras el pedido del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, el Ministerio de Justicia de la Nación, que encabeza Mariano Cúneo Libarona, decidió aplazar hasta el 6 de mayo la implementación del Código procesal Penal Federal en Rosario, en medio de la ola de violencia narco.

La Resolución de este viernes indica que "luego de mantener sucesivas reuniones de trabajo en el distrito judicial correspondiente a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, hemos advertido la necesidad de reforzar el apoyo institucional de los órganos que conforman el sistema de justicia federal, y de elaborar un plan de contingencia que posibilite la implementación inmediata del Código Procesal Penal Federal".


Ayer por la tarde, el jefe de los fiscales había respondido a Resolución 2024-63 de la cartera de Justicia solicitando más tiempo para adecuar la infraestructura y la coordinación con el Poder Judicial de la Nación y el resto de los organismos competentes. Y coincidió con el viaje relámpago del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, que fue adelantada por Ámbito, y en la que se discutió con los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario las distintas alternativas de aplicación y las necesidades operativas.
Según pudo confirmar Ámbito, hoy mismo los integrantes de la Corte Suprema firmarán la creación de la Oficina Judicial de Rosario, uno de los pasos que requiere la implementación del nuevo sistema para el sorteo de causas, y una de las cuestiones pendientes más sensibles, además de la cobertura de vacantes en esa jurisdicción. El martes, desembarcará en Rosario un equipo de trabajo con delegados de la Corte y del Consejo de la Magistratura para hacer un relevamiento definitivo.
La Corte pivoteó desde ayer para suavizar el malestar que causó la decisión intempestiva de Cúneo Libarona que pretendía llevar adelante la puesta en marcha a partir de este lunes, algo inviable que había sido advertido por la Procuración General. El 26 de febrero pasado, Casal había elevado un pormenorizado diagnóstico acerca de la situación y necesidades para poder migrar al sistema acusatorio, sin novedad desde el Ejecutivo.
Fuentes al tanto de las negociaciones frenéticas que involucraron a la Corte, a la Procuración, al Consejo de la Magistratura y al Gobierno para obtener más tiempo, destacaron la predisposición al diálogo entre todos las áreas involucradas y la comunidad de objetivos para llevar adelante una reforma en una jurisdicción "compleja" por vacantes e infraestructura. Y también un trabajo contra reloj de Casal para compatibilizar la propuesta y apretar al máximo el cronograma tentativo que quedó fijado para las 0 horas del 6 de mayo próximo. El tiempo es sensiblemente menor al caso de éxito de Salta.
La principal preocupación para la Procuración General era la asignación de recursos, dado que existen necesidades objetivas para evitar un fracaso en la implementación. La Corte aprovechó la inercia para involucrarse en lo que será una discusión con el Ministerio de Economía que incluya el tópico de las necesidades para Rosario, atendiendo la urgencia y la necesidad de una reforma veloz.
Pese al apresuramiento oficial y a la marcha atrás por lógicas razones operativas, en el mundo judicial se leyó la posibilidad de que un cambio al sistema acusatorio en una jurisdicción de tanto peso, funcione como una ventana de oportunidad que facilite un "efecto cascada" sobre el siempre particular ecosistema de Comodoro Py. El dato no es menor y dependerá del grado de éxito que pueda tener esta experiencia, gestada, en los hechos, en 48 horas.