Un allanamiento judicial realizado la mañana del 27 de noviembre en Río Gallegos permitió secuestrar dispositivos electrónicos en el marco de una investigación por presunta tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. El procedimiento fue llevado adelante por la División Investigaciones de la Policía de Santa Cruz, a partir de un reporte emitido por organismos internacionales especializados en ciberdelitos.

La causa tuvo origen en una alerta Cybertipline enviada por el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) de los Estados Unidos, la cual fue remitida al país mediante la Unidad Especializada en Ciberdelitos del Ministerio Público Fiscal de Buenos Aires. Con esa información, los investigadores santacruceños iniciaron una serie de tareas de análisis y rastreo digital que permitieron individualizar un domicilio y al presunto involucrado.

Con orden del Juzgado de Instrucción Nº 2, a las 10:00 se concretó el allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Raúl Segovia. En el interior se secuestraron teléfonos celulares, notebooks, discos externos, CPU, una consola de videojuegos y distintos soportes de almacenamiento, todos considerados de interés para determinar su posible relación con el hecho investigado. Los elementos serán sometidos a pericias informáticas específicas.

En paralelo, se realizó la requisa del hombre señalado en la causa, de 42 años, así como la inspección del vehículo que utilizaba. Si bien en el automóvil no se hallaron elementos relevantes, el procedimiento se llevó a cabo bajo estricto control judicial y conforme los protocolos establecidos.

Tras la diligencia, el sujeto fue trasladado a la División Comisaría Quinta para completar los trámites de identificación, fijación de domicilio y verificación de antecedentes. Quedó supeditado al avance del proceso judicial.

La investigación continúa, y los peritajes sobre el material secuestrado serán clave para determinar responsabilidades en un caso que se inició gracias a la cooperación internacional en la lucha contra los delitos informáticos vinculados a la explotación sexual infantil.