El funcionario habría sido denunciado en 2021 por una empleada que aseguró haber sufrido tocamientos y situaciones de maltrato en su ámbito laboral. Cinco años después, la Justicia habría dispuesto su procesamiento sin prisión preventiva y un embargo de seis millones de pesos. El acusado mantiene la presunción de inocencia.
Una grave denuncia por presunto abuso sexual y coacción volvió a poner en el centro de la atención al presidente de la Comisión de Fomento de Koluel Kayke, Tomás Alfredo Cabral, quien habría sido procesado por la Justicia provincial a raíz de hechos denunciados por una trabajadora durante septiembre de 2021.
La resolución judicial habría sido dictada el pasado 13 de octubre de 2026 por el juez Leonardo Pablo Cimini, titular del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de Pico Truncado, en el marco del expediente T-53684/21.
El funcionario habría quedado procesado sin prisión preventiva por los presuntos delitos de abuso sexual simple y coacción, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias denunciadas.
La medida judicial no constituye una condena y Cabral conserva su derecho a la defensa y la presunción de inocencia.
La denuncia de una trabajadora que habría sufrido tocamientos
El caso se remonta a septiembre de 2021, cuando un grupo de trabajadoras de Koluel Kayke realizaba una protesta frente a la Comisión de Fomento para reclamar estabilidad laboral, mejores salarios y condiciones de igualdad.
En medio de aquel conflicto, una joven habría denunciado públicamente que el presidente comunal la habría sometido a situaciones de acoso, presuntos tocamientos y maltrato psicológico dentro de su lugar de trabajo.
Durante una entrevista difundida en aquel momento, la trabajadora habría asegurado que el funcionario la había tocado sin su consentimiento y que contaba con pruebas para respaldar su denuncia.
La mujer también habría manifestado que fue obligada a retirarse de su puesto laboral, situación que vinculó con los reclamos que realizaban otras empleadas de la comuna.
Aquellas acusaciones habrían derivado en una presentación judicial que, cinco años después, registra nuevos avances procesales.
Una protesta que habría terminado con el funcionario hospitalizado
El conflicto laboral de septiembre de 2021 también habría estado marcado por un enfrentamiento físico entre Cabral y la pareja de la trabajadora denunciante.
El episodio se habría producido cuando el presidente comunal intentaba ingresar al edificio de la Comisión de Fomento, mientras un grupo de manifestantes permanecía en el exterior.
En esas circunstancias, se habría originado una discusión que terminó en una agresión física.
La pareja de la denunciante habría reconocido que golpeó al funcionario, aunque sostuvo que su reacción se produjo después de una supuesta agresión previa.
Como consecuencia del enfrentamiento, Cabral habría sido trasladado al Hospital de Pico Truncado para recibir atención médica.
La Justicia habría ordenado un embargo de seis millones de pesos
De acuerdo con la información conocida sobre la resolución judicial, el magistrado habría considerado que existían elementos suficientes para disponer el procesamiento del funcionario por los presuntos delitos de abuso sexual simple y coacción.
Además, se habría ordenado un embargo sobre sus bienes por un monto de hasta seis millones de pesos, junto con la continuidad de las medidas cautelares establecidas en el expediente.
La investigación también contemplaría nuevas diligencias destinadas a profundizar el análisis de los hechos denunciados.
Entre ellas, se habría dispuesto una evaluación psicológica de personalidad y una nueva declaración testimonial prevista para el próximo 3 de noviembre.
La defensa del funcionario podría recurrir el procesamiento, aunque no trascendió si ya se habría presentado alguna apelación.
Cabral continuaría al frente de la Comisión de Fomento
A pesar de la resolución judicial, Tomás Cabral continuaría ejerciendo sus funciones como presidente de la Comisión de Fomento de Koluel Kayke.
Durante septiembre de este año habría participado de las actividades oficiales por el 105° aniversario de la localidad, donde se anunciaron proyectos de infraestructura y obras para la comunidad.
La legislación provincial no establece una separación automática del cargo ante un procesamiento sin prisión preventiva, por lo que su continuidad institucional dependería de las disposiciones legales y administrativas que pudieran corresponder.
Hasta el momento, no se habría conocido una resolución que disponga su apartamiento de la función pública como consecuencia de esta causa.
Una investigación que continúa abierta
El procesamiento representaría un avance judicial en una investigación iniciada hace cinco años, aunque todavía quedarían diligencias pendientes para determinar las responsabilidades correspondientes.
Tampoco se conoce públicamente la totalidad de las pruebas que habría valorado el magistrado ni las razones por las cuales la investigación demandó ese período de tiempo.
Es importante señalar que el procesamiento no implica que los hechos denunciados hayan sido acreditados mediante una sentencia definitiva.
Mientras continúa el trámite judicial, Cabral mantiene la presunción de inocencia y el derecho a ejercer su defensa ante los tribunales competentes.
