La Policía de la Provincia de Santa Cruz debió intervenir en la noche del sábado 23 de agosto en un conflicto habitacional en Río Gallegos, que incluyó denuncias por amenazas y la presunta presencia de un arma de fuego. El hecho ocurrió alrededor de las 21 horas en una vivienda ubicada en calle Provincias Unidas al 400.

Según se informó, una mujer denunció que, al regresar al inmueble que habitaba, encontró a un grupo de personas que habría ingresado por la fuerza, dañando una abertura, retirando sus pertenencias y obligándola a permanecer fuera bajo amenazas. En el lugar, otra mujer manifestó que el domicilio era de su propiedad y que decidió ocuparlo debido a la falta de pago del alquiler por parte de la inquilina anterior.

En el interior de la vivienda se encontraban unas siete personas, entre adultos y menores, que se negaban a retirarse de manera voluntaria. Ante la tensión y la posibilidad de que alguno de los presentes estuviera armado, se solicitó la intervención del Equipo de Intervención en Crisis y de la División Fuerzas Especiales, quienes arribaron para garantizar la seguridad y abrir un canal de diálogo.

El operativo permitió que, en primera instancia, los menores de edad fueran retirados del lugar y puestos bajo resguardo de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), que dispuso su entrega a familiares directos o responsables legales. Luego, los adultos comenzaron a retirarse progresivamente, siendo identificados y trasladados a la dependencia policial para cumplir con las diligencias dispuestas por la Justicia.

Conforme a lo ordenado por el Juzgado de Instrucción en turno, se autorizó a una de las partes a permanecer en el inmueble bajo acta de constatación, mientras que se dispuso una consigna policial fija en el lugar hasta nuevas directivas judiciales.

Del procedimiento participaron también autoridades de la Superintendencia de Seguridad, la Dirección General de Operaciones y la Dirección General Regional Sur, en coordinación con distintas áreas operativas.

La fuerza provincial subrayó que la intervención se desarrolló bajo lineamientos judiciales, priorizando la seguridad de los involucrados, la protección de los menores y el resguardo del orden público.