La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) presentó una denuncia penal contra el gobernador Claudio Vidal y autoridades del Consejo Provincial de Educación (CPE), tras el incidente por una fuga de gas ocurrido el pasado 7 de mayo en la Escuela Especial N° 6 de Río Gallegos, donde varios docentes resultaron afectados por intoxicación.

La presentación judicial fue realizada por el secretario general del gremio, César Alegre, quien también se constituyó como querellante en la causa. El sindicato considera que existió un accionar negligente por parte del Estado que puso en riesgo la integridad de docentes, estudiantes y personal educativo. La denuncia solicita que se investiguen posibles delitos vinculados al incumplimiento de deberes de funcionario público y lesiones, conforme a lo establecido en el Código Penal.

Según el relato de ADOSAC, el hecho se desencadenó cerca de las 8 de la mañana, cuando se percibió un fuerte olor a gas en el establecimiento. Pese a los reiterados reclamos al CPE, el edificio no fue evacuado de inmediato. Recién a las 10:15 una docente llamó a los bomberos, quienes acudieron junto a personal de Camuzzi, evacuaron el lugar y confirmaron la existencia de una pérdida. El gremio aseguró que al menos diez docentes presentaron síntomas de intoxicación y dos debieron ser trasladados al Hospital Regional.

En una conferencia de prensa, representantes sindicales cuestionaron la falta de mantenimiento del sistema de calefacción y aseguraron que la caldera involucrada no habría recibido servicio técnico desde 2022. “La falta de aplicación del protocolo de emergencia y la ausencia de controles preventivos evidencian un riesgo real para toda la comunidad educativa”, denunciaron.

Desde el Consejo Provincial de Educación, en tanto, ofrecieron otra versión. En una rueda de prensa, funcionarios indicaron que se aplicó la Resolución 1400 del CPE, se apagó la caldera, se notificó a las familias y se procedió a verificar el sistema. Aseguraron que se detectó una posible pérdida de monóxido de carbono, no de gas, y que Camuzzi no retiró el medidor porque no se constató una fuga de gas en el lugar.

Pese a esta explicación, desde ADOSAC insisten en que el episodio fue minimizado. “Compañeras nuestras estuvieron conectadas a oxígeno durante tres horas”, afirmaron. También advirtieron sobre la falta de soluciones estructurales por parte del Estado provincial en materia de infraestructura escolar.

La causa ya fue admitida por la Justicia y el gremio presentó pruebas documentales, además de solicitar que se cite a declarar a personal del establecimiento, bomberos y responsables del mantenimiento edilicio.