Lo manifestó el presidente de la Caja de Servicios Sociales de Santa Cruz, Sergio Pérez Soruco, en relación a las intimaciones que se enviaron a los Municipios y Comisiones de Fomento de la provincia para la regularización de deuda.

En ese sentido, indicó que la retención de los aportes del trabajador y el no pago constituye un delito penal contra la Administración Pública. Asimismo, señaló que el proceso de regularización de deudas de los Municipios y las Comisiones de Fomento con la obra social de los trabajadores del Estado, es innegociable.

“Los trabajadores municipales representan un 23% del padrón de la obra social santacruceña”, agregó.

Por otra parte, Pérez Soruco remarcó que las intimaciones legales se han enviado a todas las localidades. A la vez, destacó la importancia de esta regularización de deuda para el funcionamiento y la prestación de los servicios de salud.

“Lo deben resolver los empleadores. Es difícil brindar servicios si los aportes no llegan”, cerró el presidente.