La secretaria de Estado de Cultura de Santa Cruz y exvocal por el Poder Ejecutivo en la Caja de Previsión Social, Silvia D’Andrea, se refirió al reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia que dejó sin efecto la medida cautelar impulsada por la Municipalidad de Río Gallegos en el conflicto por los aportes previsionales.

A partir de su experiencia en el organismo previsional, D’Andrea explicó las diferencias entre los recursos descontados de la coparticipación municipal, los aportes patronales y los aportes personales de los trabajadores. En ese sentido, sostuvo que la resolución judicial permite ordenar la discusión sobre el financiamiento del sistema previsional provincial.

La funcionaria consideró que el fallo “da el equilibrio que necesita la Caja de Previsión para poder discutir algunas cuestiones que están ligadas a los trabajadores” y cuestionó la interpretación que se realiza sobre el porcentaje descontado de la coparticipación secundaria de los municipios.

“El 20 % no es un aporte patronal”

D’Andrea explicó que el 20 % al que hacen referencia los intendentes no corresponde al aporte patronal que debe realizar cada empleador, sino que surge de un acuerdo vinculado a la decisión de Santa Cruz de conservar su sistema previsional.

“El famoso 20 por ciento del que hablan los intendentes no es un aporte patronal. Es un descuento que se realiza de la coparticipación secundaria, conforme a un acuerdo firmado por todos los municipios cuando la provincia decidió mantener su sistema previsional propio”, afirmó.

La exvocal recordó que, mientras otras jurisdicciones transfirieron sus cajas previsionales al Estado nacional, Santa Cruz decidió mantener su sistema jubilatorio bajo administración provincial. Esa determinación, señaló, implicó compromisos destinados a garantizar su sostenimiento.

“Esa decisión implicó un compromiso para sostener la intransferibilidad de la Caja. Ese porcentaje no reemplaza ni el aporte patronal ni el aporte personal de los trabajadores”, remarcó.

El reclamo por los aportes personales

La funcionaria puso especial énfasis en los descuentos que se realizan sobre los salarios de los trabajadores y la obligación de los empleadores de depositarlos en el sistema previsional.
“El no poner el dinero en la Caja correspondiente al aporte personal de los trabajadores es un flagrante robo”, sostuvo D’Andrea.

En esa línea, afirmó que la retención de esos recursos sin su posterior ingreso al sistema previsional afecta tanto a los trabajadores como al financiamiento de la Caja de Previsión Social.

“Se está desfalcando al Estado”, expresó, al remarcar que se trata de fondos que pertenecen a los trabajadores y deben ser destinados al sistema jubilatorio.

D’Andrea sostuvo que la estabilidad laboral no reemplaza el cumplimiento de las obligaciones previsionales y advirtió sobre la gravedad de retener los aportes sin depositarlos.

“Lo único que garantiza la permanencia del trabajador dentro del sistema es su estabilidad laboral, pero el aporte personal debe depositarse. El municipio que no lo hace incurre en una situación gravísima”, manifestó.

El impacto del fallo del Tribunal Superior de Justicia

Las declaraciones se producen tras la resolución del Tribunal Superior de Justicia que revocó la medida cautelar solicitada por la Municipalidad de Río Gallegos en el litigio que mantiene con la Provincia por los aportes previsionales.

Para D’Andrea, el fallo permite volver a discutir el financiamiento y la sustentabilidad del sistema previsional provincial, así como las responsabilidades que corresponden a cada empleador.

En ese sentido, remarcó la necesidad de que los organismos y municipios cumplan con las obligaciones previstas por la normativa para garantizar los recursos de la Caja de Previsión Social y preservar el régimen jubilatorio de los trabajadores santacruceños.