A seis meses de que se cumplan 30 años de la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero, que dejó siete muertos y 300 heridos, el gobierno de Javier Milei acató la orden judicial y empezó a pagar las indemnizaciones. Los damnificados son unos 8000 por daño moral y emergente. El pago se hace en bonos; la indemnización reclamada es de $8 millones para cada uno.
Mario Ponce, abogado representante de la mayoría de los damnificados, explicó a LA NACION que hasta ahora llegaron una docena de notificaciones de pago. “Es un buen indicio de que van a cumplir con la decisión de la Justicia Federal de la audiencia de octubre pasado, cuando los representantes de Nación se comprometieron a cancelar el pago durante este año”, dijo.

El trámite completo para cobrar implica que los damnificados renuncien a cualquier reclamo posterior. Una vez que completan ese paso y ratifican el poder a Ponce, se llena el formulario de pago para que autorice el desembolso Economía. De esas planillas ya llegaron alrededor de mil, según indicó el abogado.
Las administraciones de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández prometieron cumplir con los pagos, pero ninguna lo hizo pese a las definiciones judiciales en ese sentido. Durante la presidencia de Fernández, indicó Ponce, hubo una propuesta -que fue rechazada- de cerrar por $200.000.

El gobierno nacional venía afrontando multas decididas por Justicia Federal de Río Cuarto en abril del 2022, eran $400.000 diarios por no cumplir con el pago de indemnizaciones. La sanción correspondió a 400 casos y se fijó en $1000 por cada uno. El Estado apeló oportunamente, pero se confirmaron.
El pago de las indemnizaciones está contemplado en la ley 27.179 sancionada por el Congreso en 2015, que recién fue reglamentada tres años después. La Justicia determinó que el hecho fue intencional para encubrir un faltante de armas para venderlas a Ecuador y Croacia, durante el gobierno de Carlos Menem (el juicio al expresidente estaba previsto para días después de su muerte). Las condenas cayeron sobre mandos medios
El 18 de diciembre del 2023 en el Boletín Oficial se publicó el decreto 56/2023 en donde se permite que el Banco Central emita hasta $3 billones más otros $4000 millones para hacer frente a “compromisos financieros inmediatos” y asegurar pagos, en un “esfuerzo” por garantizar la estabilidad financiera.
Entre los “compromisos” que menciona el decreto aparecen los establecidos por la ley nacional 27.139 de 2015, que señala el derecho a percibir una indemnización a aquellos que a esa fecha ya tenían reclamo judicial en marcha. Para cobrarlas, se debe desistir de toda acción judicial. El pago “se hará mediante la entrega de bonos de consolidación o bonos de consolidación de deudas previsionales”, agrega la resolución.