Ante una problemática social que crece abruptamente, en el contexto global y en toda la Argentina, a la cual la Justicia, por lo menos en Santa Cruz, no parece estar a la altura de las circunstancias, las situaciones de acoso y abuso sexual, siguen dormidas.
En este contexto conversamos con una mamá, que forma parte de un grupo de familias que piden a gritos, si a gritos, que el sistema judicial de la provincia acelere las resoluciones de casos de acoso y abuso sexual que hoy, muchos de ellos, descansan en los estrados judiciales, sin resolución, sin avances, creando una realidad por demás desgarradora y preocupante para toda la comunidad santacruceña.
Actualmente esas familias, y en especial las víctimas, deben soportar ver a sus verdugos deambulando libremente por las calles, mientras ellos, llevan sobre sus hombros la pena y el dolor del transcurrir de los años sin que nada pase con sus abusadores, la Justicia lenta, retrograda, se transforma poco a poco en castigo para quienes les tocó vivir ese gravísimo hecho.
“Nosotros estamos pidiendo la aceleración de juicios en Santa Cruz, desde el año pasado nos empezamos a juntar otras madres y padres, con el mismo factor común, que son los juicios parados referidos a violaciones y abusos que datan de meses y hasta de varios años, algunos mayores a 4 y hasta otros de mucho tiempo atrás. En la mayoría de esos casos los agresores gozan de la libertad, más allá de estar procesados”, decía Vilma (nombre ficticio), quien desde hace ya tiempo viene impulsando el pedido de Justicia.
Con respecto a la libertad de los culpables, cabe agregar que se han registrado situaciones en las cuales, los sospechosos trabajan en lugares públicos.
Otra de las circunstancias descriptas por Vilma, estuvo referida a que “cuando participan menores (violadores), la Justicia establece que no son imputables, pero si permite que anden sueltos, y como ya se sabe con grandes posibilidades de reincidir”. Ante esta falencia en el CPA, la Justicia queda enmarcada como cómplice de esta clase de individuos.
“Día a día, -nos decía Vilma-, aparece gente que se quiere sumar, porque están pasando por situaciones similares, en la medida que hacemos pública la situación, comienzan a contactarse y a perder el miedo”. Agregó que “algunos se relacionan a través de Messenger o por WhatsApp, dado que todavía no se animan del todo porque los involucrados aún están en la calle en libertad y eso dificulta nuestra tarea, que no es más que pedir que se aceleren los procesos para que haya condena”.
“La primera marcha la hicimos en Río Gallegos, el año pasado, en el mes de Noviembre, donde nos acompañaron más de 100 personas y el pasado 17 estaba prevista la segunda en la Cuenca, pero no la pudimos concretar porque aumentaron muchísimo los casos de Coronavirus y ahora la tenemos prevista para el día 26 de febrero, pero está sujeto a lo que ocurra con la cuestión epidemiológica, y el 27 se haría en Río Gallegos”.
Por otra parte, argumentó que la situación que ellos viven en Río Turbio, también acontece en Río Gallegos, Las Heras, Pico Truncado y Caleta Olivia, “tratamos de coordinarlas para que se hagan todas en conjunto y así visibilizar el problema”.
Asimismo, se refirió a que en Santa Cruz el año pasado la pandemia fue una de las escusas, pero nuestra investigación “nos llevó a obtener datos de otras provincias y resultó que en todas las provincias se estaban efectuando los juicios de éste tipo de delito y como ejemplo puedo decir que en la provincia de Salta hasta el mes de Noviembre del 2020 se habían llevado a cabo 9000 juicios de abuso, a lo que sumamos datos de Córdoba, Río Negro, Tucumán y Santiago del Estero por nombrar algunas, donde también se concretaron juicios de la misma envergadura”.
“Para nosotros, en el 2020, se podía tomar que la pandemia fuera una causa para que no se concreten, pero cómo explican los casos que datan de 4 ó 5 años, donde los expedientes están dormidos, lo que había era lentitud”, remarcó.
También reclamó el poco o nada de acompañamiento que han tenido las familias que debieron pasar por este tipo de situaciones, más allá de existir la Secretaría de Derechos Humanos, Subsecretaria de Todas las Mujeres, Niñez, Adolescencia y Familia del Municipio, organismos que deberían brindar asesoramiento y contención pero ellos no lo han obtenido, dijo, ni siquiera en el mínimo grado que se necesita.
“La demora está en la Justicia, en el sistema que posee el Poder Judicial, no es culpa de los jueces es del Sistema, tenemos un Juzgado de Recursos, uno en zona sur y otro en zona norte y todos los casos deben pasar por ahí, cualquier clase delito y eso dificulta la tarea, todo se estanca, y en el mientras tanto, se suman situaciones, aparecen nuevas víctimas”.
